En México, planear el futuro patrimonial aún es una asignatura pendiente. A pesar de los esfuerzos de promoción y de la importancia que tiene el testamento para garantizar certeza jurídica y evitar conflictos familiares, apenas 4.7% de la población adulta cuenta con este documento.
Septiembre, una oportunidad de cambio
Cada año, durante la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento”, la respuesta ciudadana muestra que el interés existe cuando se rompen las barreras culturales. “El número de testamentos tramitados se eleva de una media mensual de 10 mil a 15 mil a cerca de los 70 mil en septiembre y octubre. La principal barrera no es económica, sino de conciencia”, señaló Balcázar.
Los incentivos, como precios reducidos y asesoría gratuita, han demostrado ser efectivos. Por ejemplo, en la Ciudad de México un testamento público abierto básico cuesta 1,804 pesos, mientras que para adultos mayores se reduce a solo 601 pesos. Además, esta entidad es la única en el país que ofrece un testamento virtual gratuito para mayores de 65 años.
Reformas y accesibilidad
Ahora bien, en algunas entidades se buscan cambios legales para facilitar aún más el trámite. En Baja California, se propuso reformar la Ley del Notariado para que el testamento ológrafo pueda formalizarse también ante notarios públicos y no únicamente en juzgados, con el fin de dar mayor certeza jurídica y desahogar la carga de los tribunales.
Un reflejo de la cultura financiera
En palabras de Balcázar, “el desafío para el sector notarial y el ecosistema financiero es capitalizar el impulso de las campañas para fomentar una adopción más generalizada y no solo estacional. La clave es cambiar el concepto del testamento, pasar de un documento para la muerte a una herramienta de planificación financiera y protección familiar”.
Por último, especialistas coinciden en que integrar el testamento al mismo nivel que el ahorro o los seguros podría fortalecer la salud financiera de las familias y reducir conflictos legales.