El auge del nearshoring en México está impulsando una mayor demanda de inmuebles industriales y operaciones jurídicas más complejas, con retos en certeza legal, permisos, compliance y Estado de Derecho.

Cuando un usufructo se extingue, el nudo propietario recupera la plena propiedad del inmueble, pero es indispensable realizar trámites registrales y revisar posibles implicaciones fiscales para evitar problemas legales o recargos.

El llamado “exceso de forma” en los actos jurídicos —como la protocolización notarial y la obtención de fecha cierta— fortalece la seguridad jurídica de los contratos, facilita su ejecución, reduce riesgos fiscales y previene litigios innecesarios.

La modernización tecnológica y la digitalización representan dos conceptos que han transformado radicalmente nuestra forma de vida, de trabajo y de comunicación. Para muchos, resulta inconcebible imaginar nuestra existencia sin la presencia de herramientas tecnológicas.

La CURP biométrica moderniza la identificación en México, pero también abre un debate urgente sobre ciberseguridad, manejo de datos sensibles y riesgos potenciales.

El Certificado de Gravámenes es clave para conocer el estatus legal de un inmueble y garantizar operaciones seguras antes de comprar, vender o realizar cualquier acto jurídico.

El notario es pieza clave en toda operación inmobiliaria: garantiza la seguridad jurídica, acompaña al cliente y colabora con agentes para lograr cierres exitosos y transparentes.

El usufructo es una figura jurídica que permite disfrutar bienes ajenos sin perder su propiedad, con implicaciones fiscales y patrimoniales clave para la planeación hereditaria y la protección del patrimonio familiar.

La copropiedad inmobiliaria se consolida como una alternativa viable para invertir y adquirir bienes raíces en conjunto, pero exige reglas claras y respaldo legal para evitar conflictos entre los copropietarios.

El Colegio de Urbanistas de México y el Colegio de Notarios de la CDMX firmaron un convenio histórico para fortalecer la certeza jurídica y el ordenamiento territorial en beneficio de las ciudades.

El Notariado de la Ciudad de México ha sido un pilar en la reconstrucción tras los sismos de 1985 y 2017. Más allá de las escrituras, ofreció certeza jurídica, redujo costos y acompañó a las familias damnificadas en la recuperación de su patrimonio, consolidándose como actor clave en la gobernanza urbana y social.

Un avalúo inmobiliario permite conocer el valor real y actualizado de una propiedad, lo que ayuda a tomar decisiones informadas al elaborar un testamento y asegura una distribución justa del patrimonio.

La reactivación de la Norma 26 busca frenar la gentrificación en la CDMX, facilitando la construcción de vivienda social asequible y sustentable con apoyo público y privado.

En México menos del 5% de los adultos cuenta con un testamento. La desinformación y mitos culturales frenan su adopción, aunque campañas como ‘Septiembre, Mes del Testamento’ muestran que, con incentivos, los ciudadanos responden positivamente.

La gentrificación en la CDMX gana terreno y genera protestas. El gobierno capitalino presentó un plan con 14 acciones para mitigarla, donde la vivienda asequible juega un papel clave para evitar el desplazamiento de habitantes y promover una ciudad más equitativa.

Donar un bien es un acto de generosidad que, para ser válido y seguro, debe cumplir con formalidades legales. Contar con un notario garantiza que la transferencia se haga conforme a la ley, protegiendo tanto al donante como al donatario y evitando futuros conflictos.

La compraventa de inmuebles trae consigo una serie de implicaciones fiscales, en donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) juega un papel fundamental.

Liquidar un crédito hipotecario no basta para eliminar la hipoteca del registro público. Para cancelar legalmente esta garantía, es necesario realizar un trámite notarial que incluye una carta del acreedor, el pago de derechos y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

La intervención notarial en las operaciones inmobiliarias es fundamental para garantizar seguridad jurídica y legalidad en la transmisión de inmuebles, especialmente en entornos donde la informalidad y el riesgo de fraude o conflictos de titularidad son elevados.

En México, los extranjeros pueden invertir en bienes inmuebles bajo ciertas condiciones legales que garantizan la soberanía y la seguridad jurídica. La Constitución restringe la adquisición directa de tierras en zonas estratégicas, pero permite su uso a través de fideicomisos o convenios con la SRE. Este marco busca equilibrar la atracción de capital con la protección del territorio nacional.