|  

Especialistas en derecho legislativo aseguran que las recientes propuestas en materia de vivienda no representan una amenaza para la propiedad privada. Las reformas no permiten expropiaciones ni afectan los derechos adquiridos, y deben analizarse con base en la ley, no en el miedo.

4 No me gusta0

En medio del debate creciente sobre el acceso a la vivienda, la gentrificación y los altos precios inmobiliarios en la Ciudad de México, han surgido voces que advierten —con preocupación— una supuesta amenaza contra la propiedad privada. Sin embargo, especialistas legales aclaran que las iniciativas legislativas en discusión no vulneran derechos adquiridos ni permiten expropiaciones.

¿Qué está pasando?

Como recordarás, en semanas recientes se han presentado varias propuestas legislativas que han generado polémica:

  • Una iniciativa del Infonavit para regularizar viviendas abandonadas,
  • Una reforma al artículo 60 de la Constitución local,
  • Una propuesta para ampliar el parque público de vivienda en renta, y
  • Un ajuste fiscal que exige reportar el uso de inmuebles de alto valor.

 

Estas acciones han sido interpretadas por algunos sectores como el inicio de una intervención estatal sobre la propiedad privada. Pero según expertos, este temor carece de sustento jurídico.

 

La propiedad privada sigue protegida

De acuerdo con el despacho DAP (Despacho de Asuntos Públicos), especializado en derecho legislativo, ninguna de estas medidas modifica el marco constitucional que protege la propiedad privada en México, establecido en el artículo 27 de la Constitución federal y en el artículo 16 de la Constitución de la CDMX.

 

 

“La narrativa alarmista no corresponde a lo que está escrito en las leyes. Es importante separar el ruido político de las implicaciones legales reales”, afirmó Diego Domínguez, socio de DAP.

Por ejemplo, la propuesta del Infonavit busca reincorporar al mercado más de 650 mil viviendas abandonadas que siguen siendo propiedad del propio Instituto. “Estas viviendas no fueron adquiridas legalmente por particulares; por tanto, no se tocan derechos privados”, explica el abogado.

 

En cuanto a la reforma al artículo 60 de la Constitución capitalina, aunque se eliminó una frase específica sobre el derecho a adquirir vivienda en propiedad, no se alteró el régimen de propiedad ni se crearon nuevas facultades para expropiar bienes.

 

Gentrificación, precios altos y desconfianza

Por lo que, el contexto detrás de estas reacciones es un mercado inmobiliario tenso: Los precios de la vivienda en la CDMX han aumentado de forma acelerada. En colonias como Roma o Juárez, se han triplicado en una década. Esta transformación ha generado desplazamientos, desigualdad y desconfianza hacia las políticas urbanas.

Bajo este entorno, ideas como la creación de un Banco de Suelo o ampliar la oferta de vivienda pública son recibidas con sospecha, aunque —según los expertos— son parte de un debate legítimo sobre el modelo de ciudad que queremos.

Llamado a la información responsable

Desde DAP se insiste en que el debate debe basarse en evidencia legal y no en temores infundados. “La desinformación en temas como la vivienda solo debilita la confianza ciudadana. Es vital discutir con responsabilidad”, subraya el despacho.