Ante el aumento descontrolado en los precios de renta y la presión inmobiliaria en barrios tradicionales de la Ciudad de México, como Roma, Condesa y Doctores, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1, una estrategia integral para enfrentar los efectos de la gentrificación.
Rentas que no superen la inflación
Uno de los ejes principales del Bando 1 es la estabilización de los precios del alquiler, de modo que las rentas no aumenten por encima de la inflación anual reportada por el INEGI. Para lograrlo, se impulsarán reformas legales y mecanismos de verificación que aseguren su cumplimiento.
También se plantea una Ley de Rentas Justas y Asequibles, que regulará las relaciones entre arrendadores e inquilinos, y una Defensoría de Derechos Inquilinarios, que ofrecerá acompañamiento legal y mediación en casos de abusos o desalojos ilegales.
Zonas de tensión inmobiliaria y vivienda pública
El Bando 1 establece un Índice de Precios de Alquiler Razonable, con el cual se identificarán “zonas de tensión inmobiliaria”, es decir, áreas con presión urbanística y riesgo de desplazamiento social. En estos sitios se priorizará la construcción de vivienda pública sostenible, así como programas de arrendamiento social para jóvenes, adultos mayores, madres solteras y trabajadores de bajos ingresos.
Regulación de plataformas y apoyo al comercio local
Otro punto clave es la regulación de viviendas de uso temporal, como las que se ofrecen en plataformas tipo Airbnb, que han provocado escasez de vivienda asequible en zonas céntricas. La CDMX buscará establecer reglas claras y sostenibles para evitar que estas opciones desplacen a los habitantes tradicionales.
Para complementar la estrategia, también se implementará un programa de estímulos económicos a pequeños negocios, oficios tradicionales y MiPymes, a fin de fortalecer la economía barrial y preservar la identidad de las comunidades.
Un observatorio para vigilar el mercado inmobiliario
La creación de un Observatorio de Suelo y Vivienda permitirá dar seguimiento al comportamiento del mercado de alquiler, sistematizar datos y generar políticas públicas informadas para combatir la especulación.
14 acciones contra la gentrificación
1 .- Estabilizar las rentas. Los alquileres habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Inegi en el año anterior. Se crearán instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su cumplimiento.
2.-Índice de precios de alquiler. Se creará un instrumento para aplicar políticas integrales a favor del fortalecimiento comunitario.
3.- Fortalecimiento de regulación de la renta de vivienda, en ocupación de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal.
4.- Defensoría de derechos de los inquilinos. Se crea un nuevo organismo público, quedará apoyo legal, mediación y defensa para sancionar el abuso en las rentas.
5.- Ley de rentas justas, razonables y asequibles. Se enviará al Congreso de la Ciudad de México una ley para regular los precios de alquiler de vivienda, equilibrar derechos y obligaciones entre arrendatarios y arrendadores.
6.- Vivienda pública con enfoque sostenible. Se priorizará la construcción de vivienda pública, en zona céntricas y de alta presión inmobiliaria a partir de un modelo sostenible.
7.- Vivienda pública en renta para sectores prioritarios.
8.- Mejoramiento de vivienda. Ampliar espacios habitacionales en barrios, y creación de condominios populares.
9.- Coordinación con el sector privado.
10.- Plan maestro. Instrumento de planeación participativa con la comunidad habitantes, en zonas de alta tensión para definir lineamientos, estrategias y acciones.
11.- Programa de arraigo comunitario. Se protegerán espacios públicos y patrimonio cultural de las comunidades, la recuperación de su memoria mediante políticas públicas que fortalezcan la cohesión social, la diversidad y la pluralidad.
12.- Estímulos a comercios locales. Se fortalecerá la economía barrial mediante apoyos a MiPymes, oficios tradicionales y pequeños comercios, con créditos incentivos que favorezcan permanecer a la comunidad.
13.- Participación comunitaria en la gestión: políticas de inclusión, arraigo, convivencia y reducción de desigualdades.
14.- Observatorio de Suelo y vivienda: se creará una instancia, para sistematizar y analizar datos sobre precios y contratos de vivienda y suelo, incluyendo renta corta larga duración con respaldo Jurídico.
“El derecho a la ciudad no puede depender de cuánto ganas, sino de cómo fortalecemos nuestras comunidades. No queremos una ciudad solo para quien puede pagarla”, afirmó la mandataria.
Con información de El Financiero, El Economista y Expansión