A partir de 2016, cuando se logró una construcción de 264 mil 101 viviendas en todo el país, el número de unidades nuevas ha experimentado una constante disminución.

Una característica de aquel año fue, que del total de viviendas construidas el 51% eran unidades con un valor de hasta 14 Umas anualizadas (promedio de 550 mil pesos).

Desde entonces se observan dos tendencias muy claras, la primera es que año con año se observa una clara tendencia a la baja en el número de unidades construidas, y la segunda es que cada vez fue menor la vivienda de interés social o económica.

La contracción en la construcción de vivienda no solo representa un desafío para el sector inmobiliario, sino que también tiene implicaciones profundas en el acceso a la vivienda digna para millones de familias mexicanas. La disminución en la oferta de vivienda económica afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, quienes enfrentan barreras crecientes para acceder a una solución habitacional adecuada.

Entre 2013 y 2023, en promedio se registró una tasa de contracción promedio anual de -9.1 por ciento. Entre otros factores que contribuyeron a generar dicha tendencia sobresalen el cambio en las políticas públicas, la desaparición de subsidios para construir vivienda económica, el disparo en los costos de los insumos de la construcción, el Covid y los cambios en el estilo de vida de las familias, entre otros factores.

Para el 2023, se alcanzó una construcción de 131 mil 48 unidades, lo que significó una contracción de 50% respecto al nivel de 2016; además, apenas el 23% fueron de viviendas con valor inferior a 14 Umas anualizadas, a diferencia del 51% de 2016.

Indica la cifra más reciente que de enero a agosto de 2024 se construyeron 81 mil 335 viviendas nuevas, de las cuales apenas 15% son de precios accesibles para la población.

La disminución en la construcción de vivienda económica y de interés social respondió a la mínima rentabilidad, por lo que la construcción se concentró en segmentos de vivienda media y residencial, respondiendo a la búsqueda de mayor rentabilidad por parte de los desarrolladores, pero también refleja cambios en la dinámica del mercado, donde las zonas urbanas y metropolitanas enfrentan mayores costos de suelo y una escasez de tierra bien ubicada.

Asimismo, la baja inversión pública en infraestructura urbana y la falta de incentivos claros para la construcción de vivienda asequible han exacerbado el problema.  De ahí la política de vivienda de la nueva administración con el objetivo de construir un millón de viviendas suena esperanzadora.

Política de vivienda: 600 mmdp de inversión para construir 1 millón de viviendas

Finalmente, esta tendencia pone de relieve la urgencia de replantear políticas públicas que fomenten la construcción de vivienda social, considerando incentivos fiscales, acceso a financiamiento y programas que integren a los desarrolladores pequeños y medianos. De lo contrario, el mercado seguirá desplazándose hacia segmentos que excluyen a una parte significativa de la población, acentuando la desigualdad habitacional y comprometiendo el derecho a la vivienda en México.