Después de dos sexenios en los que la vivienda prácticamente pasó desapercibida, resulta positivo que, desde el inicio del gobierno 2024-2030, se presente una política concreta en esta materia.
La estrategia, que prevé la construcción de un millón de viviendas y la regularización de otro millón, busca no solo ofrecer un hogar, sino también dignificar las condiciones de vida de la población, asegurando el acceso a servicios y oportunidades económicas.
La doctora Claudia Sheinbaum enfatizó que este programa no es una simple construcción masiva de viviendas, sino una apuesta por garantizar el derecho a una vivienda digna, marcando una diferencia con las políticas de gobiernos anteriores.
Durante la presentación oficial del Programa de Vivienda, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, señaló que, en administraciones anteriores, la construcción de vivienda estuvo orientada al beneficio de grandes desarrolladoras inmobiliarias, resultando en viviendas alejadas de los centros urbanos, muchas de las cuales fueron abandonadas por falta de servicios y conectividad.
Como cifras comparativas, en la administración de Felipe Calderón, que se autodenominó "el sexenio de la vivienda", en 2007 se alcanzó el máximo de construcción anual con 650 mil unidades por parte de las desarrolladoras. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, surgieron y crecieron grandes desarrolladoras como Geo, Homex y Urbi, las cuales prácticamente desaparecieron durante el gobierno de Peña Nieto.
En ese periodo, el objetivo fue construir 650 mil viviendas nuevas, que era la estimación de formación de hogares anual en ese momento. Después del techo alcanzado en 2007, el ritmo de construcción disminuyó paulatinamente y se consolidó dicha tendencia en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, cuando desaparecieron los subsidios para vivienda popular y dejó de construirse en ese segmento. Para todo el año 2024, se proyecta que la construcción de vivienda nueva en el país será entre 210 mil y 215 mil unidades.
De cara al futuro inmediato, a este volumen que construyen las desarrolladoras privadas cada año, habrá que agregar un promedio anual de 166 mil 667 viviendas por parte del gobierno para alcanzar el objetivo sexenal, lo cual parece realista alcanzar.
Actualmente, según la consultora Softec, la formación anual de hogares es de alrededor de 900 mil, por lo que ese sería el objetivo ideal de nuevas unidades, lejos de lo proyectado para 2025.
Es crucial que, ahora que existe voluntad política por parte del gobierno federal, se coordinen adecuadamente con los gobiernos estatales para lograr los objetivos de vivienda económica y de interés social.
El programa de un millón de viviendas planteado por el gobierno federal es relevante porque está enfocado en un segmento que prácticamente no se atiende actualmente: la vivienda económica o de interés social. Desde cualquier perspectiva, esta política de vivienda es positiva.
Construcción y regularización de viviendas
El Programa 2024-2030 contempla la construcción de un millón de viviendas, distribuidas equitativamente entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). El Infonavit se encargará de 500 mil viviendas para derechohabientes, mientras que Conavi cubrirá la construcción de otras 500 mil viviendas para no derechohabientes, cuyo financiamiento estará a cargo de la Financiera para el Bienestar (Finabien).
La inversión total para este proyecto asciende a 600 mil millones de pesos, destinados a garantizar que las viviendas cuenten con todos los servicios y estén ubicadas cerca de centros de trabajo, transporte y servicios públicos.
Uno de los pilares de esta política es asegurar que las viviendas construidas estén cerca de los centros urbanos y de empleo, evitando los errores del pasado, cuando miles de viviendas fueron abandonadas por su lejanía y falta de servicios. Sheinbaum subrayó que este enfoque distingue a su gobierno de administraciones anteriores, que priorizaban a las inmobiliarias sobre el bienestar ciudadano.
A nivel global, no es una novedad que el gobierno participe en la construcción de vivienda. En México, el mismo Infonavit construyó casas en décadas pasadas, pero debido a malas políticas y prácticas, el instituto perdió patrimonio, algo que no puede permitirse que se repita.
Por ello, alrededor del Infonavit se creará una empresa constructora de vivienda, aunque no se ha definido si solo se encargará de adquirir los materiales para proveer a los desarrolladores o si también ejecutará las obras. No debemos olvidar que el Infonavit actualmente no tiene experiencia en construcción, en ejecución de obra, a diferencia de las desarrolladoras que operan en el país.
La creación de una desarrolladora de vivienda bajo el mando del Infonavit es una buena idea inicial, y las reglas de operación que se conocerán más adelante serán clave para el éxito del programa. Es esencial asegurar que los recursos del Infonavit, que son los ahorros de los trabajadores, estén protegidos.
Distribución geográfica e impacto económico
El programa no solo se enfoca en la cantidad de viviendas, sino también en su distribución equitativa. Del millón de viviendas nuevas, se planea construir:
- 325,000 en el sur del país
- 239,400 en la región centro
- 228,800 en la región centro-norte
- 206,800 en el norte
Este enfoque prioriza zonas de alto rezago social y áreas con grandes proyectos estratégicos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impulsando así el desarrollo económico en regiones históricamente marginadas. Además, se realizarán 450 mil mejoramientos y ampliaciones de viviendas en zonas con alto grado de marginación, lo que generará un impacto económico significativo, creando más de 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos.
No debemos perder de vista que la vivienda impacta a más de 37 ramas económicas, incluyendo sectores como la fabricación de materiales de construcción, transporte, servicios financieros, comercio, energía y telecomunicaciones, entre otros.
En términos de aportación al PIB, el sector de la construcción representa alrededor del 6-7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Dentro de este sector, la construcción de vivienda aporta aproximadamente el 60% del PIB, lo que equivale al 4% del PIB total de México. En 2022, el PIB del sector de la vivienda significó una participación del 5.2% en el PIB nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este impacto económico convierte a la construcción de vivienda en un motor clave para el desarrollo del país, no solo por la creación de empleo y el impulso a otras industrias, sino también por su relevancia en la actividad económica general.
Vivienda para jóvenes y poblaciones vulnerables
Un aspecto innovador de la política de vivienda de Sheinbaum es la creación de un Programa de Vivienda en Renta para Jóvenes, que ofrecerá viviendas a precios asequibles para personas de entre 18 y 30 años. Estas viviendas, ubicadas cerca de centros educativos y zonas industriales, estarán disponibles inicialmente por cinco años, con la posibilidad de extender el arrendamiento por 24 meses más. Este programa está diseñado para asegurar que el alquiler no supere el 30% de los ingresos de los beneficiarios, determinado por estudios socioeconómicos.
Asimismo, se prestará especial atención a mujeres jefas de familia, adultos mayores y comunidades indígenas, garantizando su acceso a viviendas dignas y bien ubicadas.
Regularización y acceso a la propiedad
En cuanto a la regularización de viviendas, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) jugará un papel clave en la entrega de 700 mil escrituras, mientras que el Fovissste y el Infonavit se encargarán de otras 300 mil escrituras. Esta medida busca proporcionar certeza jurídica a millones de familias que actualmente habitan viviendas irregulares.
Para facilitar el acceso a la propiedad, se implementará un esquema de financiamiento con tasas de interés subsidiadas al 0% para personas de bajos ingresos, con mensualidades que no superen el 30% de sus ingresos, permitiendo que más familias accedan a una vivienda digna y segura.
Impacto a largo plazo
El Programa de Vivienda y Regularización de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo atenderá las necesidades inmediatas de vivienda, sino que también sentará las bases para un desarrollo urbano más equitativo y sostenible. Con una planificación centrada en el bienestar social y el crecimiento económico, esta política promete transformar el panorama habitacional de México, brindando a millones de mexicanos la oportunidad de mejorar su calidad de vida.
En resumen, este ambicioso plan de vivienda no solo busca solucionar el déficit habitacional del país, sino también generar un impacto profundo en la economía, el desarrollo urbano y la cohesión social, marcando una clara diferencia con las políticas del pasado y alineándose con los principios de la Cuarta Transformación.
Texto: Ricardo Vázquez
Foto: Claudia-Sheinbaum / RUL SERVICES / INFOBAE