Javier Tapia, director ejecutivo de Previsión Legal del reporte de Monitor Inmobiliario de Realty World México, destacó que ello implicaría movilizar a los principales usuarios de las oficinas en renta: “En la Ciudad de México trabajan 2.7 millones de burócratas del Gobierno Federal, cuyos ingresos suman 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de esta demarcación y su gasto familiar representa 39%. En el 2016 estos burócratas trabajaron en 3,366 edificios en arrendamiento y son los principales usuarios de oficinas en renta de la ciudad”, destacó en una nota de El Economista.
Ello significaría que habría exceso de oferta de espacios de oficinas y por lo tanto, de vivienda en la capital, ocasionando distorsión a la baja en los valores de los inmuebles: “Habrá un impacto económico tipo dominó, pues además del impacto directo en el sector inmobiliario, los millones de burócratas consumen diariamente bienes y servicios de grandes y pequeñas empresas, en grandes y pequeños restaurantes y en grandes y pequeños negocios”.
En el caso de las ciudades destino, Tapia señaló que llegarán paulatinamente miles de personas buscando vivienda y servicios y demandando infraestructura, la cual, agregó, no está lista ni disponible y no lo estaría en al menos dos años, por lo que podría inclusive presentarse un escenario de especulación inmobiliaria en las ciudades destino.
En el mismo sentido, Sergio Reséndez, gerente regional del norte de México en Colliers International, dijo que la descentralización abriría un hueco en materia inmobiliaria en la Ciudad de México, porque eventualmente le va a dejar un espacio disponible en edificios. “Por ejemplo, la Secretaría de Economía no puede decidir que un día cierre y se va a Monterrey. Tendría que desconcentrarse por áreas”.
Además, se tienen contratos de arrendamiento que se deben cumplir, aunque pueden estar sujetos a renegociaciones y hay cláusulas de escape con penalizaciones.
Jorge Paredes Guerra, presidente de Realty World México, comentó que hay una percepción de parte de inversionistas de que este proceso de descentralización será paulatino, ya que se evalúa la logística y la disponibilidad de recursos físicos en las entidades de destino, se va a ir el primer año de gobierno y será difícil concretar la descentralización en este periodo.
No obstante, la política del gobierno impulsará las economías locales, como ocurrió en Aguascalientes, cuando se descentralizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 1985.
