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ONGs mencionan que con los cambios propuestos se haría creer al mundo que México incrementa el porcentaje de energías renovables.

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Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) advierten que el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se considere como energía libre de CO2 a la generada con el vapor de los ciclos combinados a gas natural frena la transición energética en México.

A través de este acuerdo la CRE modifica la regulación y las definiciones de lo que se considera energía limpia para incluir en esta categoría procesos y combustibles que producen contaminantes, los cuales representan riesgos para la salud de la población mexicana y contribuyen al calentamiento global.

Así lo advierten el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Iniciativa Climática de México (ICM) y Nuestro Futuro; el 23 de mayo, la CRE turnó a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto en la materia.

 

El acuerdo de la CRE para la regulación de la energía libre de combustibles fue publicado en el DOF el 24 de mayo de 2023.

 

“A la luz de estas preocupaciones, las organizaciones firmantes hacemos un llamado respetuoso al Presidente López Obrador para que ordene que no se publique este Acuerdo y solicite mayores aclaraciones e información a los equipos de la SENER, la CFE y la CRE”, expresaron las ONGs.

Añadieron en un comunicado que “es es esencial asegurar la transparencia y la alineación con el compromiso de México hacia una transición energética justa, responsable y sostenible, preservando nuestras alianzas internacionales”.

Las organizaciones también indicaron que aceptar que se aplique este decreto significa comprometer los derechos de las generaciones presentes y también de las futuras. A continuación se resumen sus preocupaciones respecto del acuerdo:

 

  • Información equivocada sobre el progreso real de las energías renovables en el país: Con los cambios propuestos se estaría haciendo creer al mundo que nuestro país incrementa el porcentaje de energías renovables en la matriz energética cuando en realidad no lo hace.
  • Impedimentos para alcanzar los objetivos de transición energética: La Ley de Transición Energética obliga a alcanzar un objetivo del 35% de energías renovables para 2024 y la Ley General de Cambio Climático –en su artículo 3 transitorio, inciso e)– hace mención al 35% de energía limpia para 2024. Sin embargo, la suspensión de las subastas a largo plazo en 2018 y las modificaciones de las normas de despacho que favorecen a los combustibles fósiles en vez de favorecer a las energías renovables, han obstaculizado la consecución de este objetivo.
  • Ineficacia del acuerdo: Este nuevo acuerdo no añadirá ni un solo MW de capacidad de energías renovables a la matriz eléctrica del país ni reducirá una sola tonelada de bióxido de carbono adicional a las medidas que se habían considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP.
  • Consideraciones reputacionales: Las acciones tomadas por la CRE en este asunto dejan, una vez más, muy mal parado al Presidente de México y a nuestro país.
  • Con la aplicación de este acuerdo se frena (aún más) la transición energética en el sector eléctrico en México y con esto se viola el derecho humano a un medio ambiente sano en su vertiente de clima seguro, habitable y sostenible, así como diversos derechos fundamentales como a la salud, alimentación, agua, vida digna.