Que la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no haya prosperado en el Congreso, no significa que las tensiones entre el gobierno mexicano y empresas y gobierno estadounidenses del sector energético hayan desaparecido, ya que varias se están viendo afectadas por decisiones de las autoridades mexicanas, aseguró David Berezowsky, abogado de Foley & Lardner México.
Y de manera paralela con el mecanismo Estado-Estado, los inversionistas privados también pueden llevar a México, cada uno por su parte conforme al mecanismo Inversionista-Estado, a arbitrajes internacionales al considerar y demostrar que se violaron sus derechos conforme al T-MEC, lo que igualmente puede llegar a constituir importantes batallas legales, consideró Alejandro N. Gómez Strozzi, socio del despacho.
Esto, en el contexto de las consultas formales que la Oficina de Comercio de Estados Unidos prepara respecto al sector energético mexicano, debido a posibles violaciones en las que México estaría incurriendo en torno al cumplimiento del T-MEC, y a las que recientemente se sumó Canadá, pero las cuales López Obrador desestimó en una conferencia de prensa.
Berezowsky señaló también que varias medidas gubernamentales en México provocan una falta de certeza que impacta la capacidad del sector privado para operar libremente en el mercado: la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como órgano regulador del sector, tiene detenidas numerosas solicitudes de empresas para modificar sus permisos de generación.
Mencionó, en un comunicado, que la CRE tampoco está otorgando permisos a la industria privada para que se construyan nuevas centrales de generación renovable o convencional, es decir, se está bloqueando la inversión privada, sin importar que las empresas acrediten experiencia, capacidad financiera y tengan un proyecto viable de generación de energía.
El abogado añadió que otra de las razones que podría estar propiciando que Estados Unidos solicite el inicio de consultas al amparo del mecanismo de solución de controversias del T-MEC, es que el actual gobierno está dando un trato preferencial a Pemex y a la CFE en lugar de garantizar un piso parejo para todos los jugadores, como lo prevé trato comercial tripartita.
En este sentido, dijo el despacho de abogados, también se debe tener en cuenta el tema ambiental y los compromisos para reducir los efectos del cambio climático, pues el gobierno mexicano sigue apostando a la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, en lugar de privilegiar las fuentes renovables para fomentar la transición energética.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que la petición de consultas detona un proceso que tiene una duración máxima de 75 días para solucionar el asunto, en el que las consultas se deberán celebrar a más tardar 30 días después de la solicitud formal. “Si en el periodo de consultas no se alcanza un acuerdo, se podrá solicitar un panel de solución de controversias”.
Canadá lanzará sus propias consultas para abordar el tema.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comunicó que las organizaciones del país que conforman al sector privado “estaremos pendientes del diálogo que establezcan los gobiernos para resolver este diferendo, y reiteramos nuestra disposición a colaborar y apoyar al gobierno mexicano”, ya que el T-MEC es una fuente indispensable de certidumbre para el ambiente de negocios, inversiones y emplesos.