El uso del esquema de aprovechamiento de activos carreteros, mediante la modalidad de asociación público-privada (APP), en 26 autopistas con títulos de concesión con vencimiento en la siguiente década, puede generar hasta 120 mil millones de pesos (mdp), reactivar el sector de la construcción, mejorar la infraestructura del país y reducir 30% el peaje en autopistas, asegura la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Y refiere que los recursos que pudieran obtenerse mediante alguno de estos mecanismos serían para financiar las obras estratégicas que los gobernadores, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México han planteado al gobierno federal para el mantenimiento de la red carretera del país. Y precisa que, para generar fuentes alternas de financiamiento de infraestructura en la actual coyuntura, se deben aprovechar “responsablemente” las diversas modalidades de APP que permite la respectiva ley, “bajo estrictos principios de transparencia y rectoría del Estado”.

Como argumento, el organismo menciona a la súper carretera Durango-Mazatlán, la de mayor inversión en la historia carretera de México, que se financió parcialmente con el relanzamiento de concesiones de cuatro carreteras de peaje que eran parte del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) lo que se llamó aprovechamiento de activos.

“La concesión original de cada una de las cuatro carreteras era de 30 años. En el 2007, cuando se concretó la operación de aprovechamiento, se habían consumido, en promedio, 17 años y quedaban 13 años vigentes de concesión. Banobras estimó que el valor en libros de dichas carreteras era de 16 mil mdp, pero que bajo una nueva concesión a 30 años, podrían obtenerse 24 mil mdp”, indica la CMIC en su propuesta.

Así, sugiere tres alternativas para monetizar los flujos futuros de las autopistas. La primera es ampliando el plazo de la concesión, manteniendo el mismo concesionario y monetizar parte de los flujos futuros de la concesión ampliada. La segunda es renovar concesiones mediante un proceso abierto, transparente y competitivo, de manera que los recursos que paguen los nuevos concesionarios permitan repagar, cuando aplique, la parte correspondiente a los concesionarios originales, y generar un excedente.

Y la tercera es estructurar dentro del Fonadin un fideicomiso que emita bonos que permitan captar recursos frescos para financiar obras estratégicas o mantenimiento carretero, teniendo como fuente de repago las concesiones ampliadas o renovadas de algunos de los 26 proyectos referidos. Otro de los beneficios identificados es que los recursos adicionales permitirían concluir obras avanzadas en el país, detonar nuevos proyectos prioritarios y mejorar el estado de la red carretera nacional.

Debe mencionarse que de estas vialidades, 11 están concesionadas a empresas privadas, como ICA, Consorcio del Mayab, Concesionario de Vías Irapuato Querétaro, Autopistas de Tapachula y Concesionaria de Autopistas de Tierra Caliente, entre otras. Una a Caminos y Puentes Federales (Capufe), que incluye 38 tramos carreteros y puentes de cuota. Otra al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Y el resto a los gobiernos de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán.  

/Con información de El Economista./