|  

AMPI pide modernizar el catastro con certeza jurídica, transparencia y protección patrimonial, y advierte sobre el impacto de actualizar valores catastrales en el predial.

5 No me gusta1

La modernización de los sistemas catastrales y registrales en México debe fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios, facilitar la inversión inmobiliaria y proteger el patrimonio de las familias, sin trasladarles costos desproporcionados. Así lo señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ante la propuesta de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral y el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

 

Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de la AMPI, destacó que contar con información confiable y reglas claras es fundamental para dar certidumbre a las operaciones inmobiliarias y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

 

“México necesita instituciones capaces de acompañar su desarrollo con información confiable y reglas claras. La modernización catastral y registral representa una oportunidad para construir confianza, facilitar la inversión y dar mayor seguridad a las familias sobre el patrimonio que han formado”, señaló.

La asociación considera que la homologación de la información entre los catastros y los registros públicos de la propiedad, junto con la incorporación de identificadores únicos para los inmuebles y herramientas tecnológicas, permitiría reducir errores, simplificar trámites y dar mayor certeza a operaciones como compraventas, sucesiones, escrituraciones y financiamientos hipotecarios.

Actualización catastral y efecto en el impuesto predial

Uno de los puntos centrales para la AMPI es que la actualización de los valores catastrales se realice con criterios técnicos, transparencia y una evaluación de sus posibles efectos sobre el impuesto predial.

La organización advirtió que un aumento en el valor registrado de una propiedad no necesariamente significa que su propietario tenga mayores ingresos para afrontar un eventual incremento en sus obligaciones fiscales. Por ello, pidió establecer mecanismos de información oportuna y considerar la capacidad económica de los hogares durante la implementación de los cambios.

 

“Fortalecer a los municipios y cuidar la economía familiar son objetivos que deben avanzar juntos. Una implementación bien diseñada puede contribuir a ambos, con criterios técnicos, transparencia y atención a las distintas realidades del país”, afirmó Rivas Padilla.

 

Para la asociación, la modernización debe acompañarse de reglas claras que permitan a los propietarios conocer cómo se determina el valor de sus inmuebles y qué procedimientos pueden seguir para aclarar o corregir información.

También consideró indispensable garantizar la protección de los datos personales, el respeto a los derechos de propiedad y la claridad sobre las responsabilidades de cada autoridad involucrada.

POZMVM: vivienda, movilidad y servicios deben avanzar juntos

En cuanto al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, la AMPI subrayó que la planeación territorial debe vincular las políticas de vivienda con la movilidad, el suministro de agua, la infraestructura y la protección ambiental.

 

La coordinación entre estos ámbitos es relevante para orientar el crecimiento urbano, mejorar la conectividad y ampliar la oferta de vivienda adecuada, accesible y bien ubicada. De acuerdo con la asociación, las decisiones sobre el uso y la organización del territorio tienen efectos directos en la calidad de vida, las oportunidades económicas y el desarrollo del mercado inmobiliario.

 

“Las decisiones que tomemos hoy sobre el territorio definirán las oportunidades de las próximas generaciones. Necesitamos una visión que integre vivienda, infraestructura, inversión y bienestar”, subrayó la presidenta nacional de la AMPI.

Reiteró la organización su disposición a colaborar con las autoridades y los sectores involucrados para impulsar tanto la modernización catastral y registral como una planeación urbana integral.

El objetivo, concluyó, debe ser contar con instituciones más eficientes, operaciones inmobiliarias transparentes y un desarrollo urbano competitivo y sostenible, con la certeza jurídica y la protección del patrimonio familiar como ejes centrales.