Comprar una vivienda, terreno o cualquier otro inmueble no termina con la firma del contrato de compraventa. Para que la transmisión de propiedad quede formalizada, es necesario realizar la escrituración ante notario y posteriormente inscribir el instrumento en el Registro Público de la Propiedad.
“En Kallify lo vemos todos los días: propiedades aparentemente listas para venderse que de pronto enfrentan un freno legal. Por eso, la revisión jurídica anticipada permite identificar obstáculos y definir los pasos necesarios antes de cerrar una compraventa”, comentó Diana Sandoval, directora general de Kallify.
Por eso, antes de avanzar hacia la escrituración, Kallify destaca seis situaciones que requieren tu atención:
Documentos que no coinciden
Uno de los primeros puntos que deben revisarse es el título de propiedad. Si es apócrifo, inválido o corresponde a un contrato privado que no cumple con las formalidades necesarias y no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, la operación puede detenerse.
También pueden existir diferencias entre los documentos y los registros oficiales. Nombres o apellidos escritos de manera incorrecta, superficies que no coinciden, errores en las colindancias o información incompleta son situaciones que pueden requerir una corrección antes de escriturar.
Hipotecas pendientes
Otro obstáculo frecuente son los gravámenes. Como parte del proceso, el notario solicita al Registro Público de la Propiedad el certificado correspondiente para conocer si existen hipotecas, limitaciones de dominio o anotaciones preventivas sobre el inmueble.
Si el financiamiento continúa vigente, una parte del precio de venta puede destinarse a cubrir el saldo. Para ello, el acreedor debe emitir la documentación correspondiente, como una carta saldo, y el notario puede coordinar la cancelación de la hipoteca con la operación de compraventa.
Adeudos que deben resolverse
Los pendientes fiscales y administrativos también pueden retrasar la escrituración. Entre ellos están los adeudos de impuesto predial y derechos por suministro de agua.
Dependiendo de la entidad y del municipio, también pueden solicitarse constancias relacionadas con aportaciones de mejoras u otros servicios públicos. En algunos casos se realizan inspecciones para verificar las características de la construcción o las instalaciones.
Si se trata de un inmueble en condominio, además, normalmente debe acreditarse que no existen adeudos de cuotas de administración y mantenimiento.
A estos conceptos se suman los impuestos derivados de la operación. El comprador debe cubrir el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuyo cálculo depende de la entidad federativa, mientras que el vendedor puede estar obligado al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por la venta. En este último caso, es necesario revisar si aplica alguna exención y hasta qué monto.
Problemas en desarrollos nuevos
La falta de permisos, licencias o manifestaciones de construcción puede impedir que las unidades sean comercializadas y posteriormente escrituradas hasta que la documentación quede regularizada.
También pueden existir obligaciones relacionadas con áreas de donación, obras de mitigación, vialidades u otros requerimientos impuestos por las autoridades.
A esto se suman posibles problemas con la subdivisión, relotificación o fraccionamiento del terreno. Si el proyecto no cuenta con las autorizaciones correspondientes, las unidades o lotes resultantes podrían no estar en condiciones de escriturarse.
Conflictos sobre la propiedad
Los problemas entre propietarios o terceros son otro factor que debe detectarse antes de avanzar.
También pueden afectar la operación procesos de usucapión o prescripción adquisitiva, juicios de arrendamiento, demandas para recuperar la propiedad por despojo y procedimientos relacionados con acreedores fiscales, hipotecarios o alimentarios.
Revisar antes de comprometer la operación
La revisión jurídica anticipada permite conocer si el inmueble puede avanzar hacia la escrituración y cuáles son los pendientes que deben atenderse antes del cierre.
“La dictaminación jurídica aporta información para planear una operación con mayor claridad. Al comprador le ayuda a evaluar su decisión; al propietario, a identificar pendientes; y al asesor, a anticipar obstáculos antes de avanzar hacia la firma”, señaló Diana Sandoval.
De acuerdo con Kallify, la dictaminación puede realizarse mediante una revisión documental y registral con el notario elegido por el interesado. El objetivo es identificar inconsistencias y orientar sobre las alternativas para atenderlas, aunque los tiempos y la viabilidad de cada solución dependen de las características de cada caso.
“Kallify es la primera Proptech Legaltech que te permite solicitar una dictaminación jurídica de forma digital y, en caso de que la propiedad presente una irregularidad o problema, recibirás la asesoría jurídica necesaria para resolverlo”, concluyó.


