Se estima que cada año, en Querétaro se comercializan alrededor de 20,000 viviendas, en tanto que las operaciones en renta podrían ser hasta 100 o 200% superiores a esa cantidad.

Sin embargo, de estas transacciones que se hacen en la entidad a través de pólizas jurídicas para el mercado inmobiliario, 50% podrían presentan algún tipo de irregularidad.

Ante este reto, el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios del estado (Cepiq) dio a conocer que con la nueva dinámica ante el Covid-19, aumentó esta problemática, debido a que la necesidad de cambiar o alquilar una vivienda se incrementó y con ello las solicitudes de pólizas, las cuales surgen como una medida para sustituir la falta de garantías para el arriendo.

“Los abogados han inventado un servicio -porque fue una invención- que se llama póliza jurídica que es como el seguro de un coche, llega un inquilino que no tiene alguien que lo avale, no tiene una propiedad que ofrecer en garantía y entonces va a pagar un seguro, ese seguro representa que si el inquilino hace algo indebido o no paga la renta, ya habrá pagado por adelantado a un bufete de abogados que va a proceder en su contra, lo va a demandar, embargar y lo va a sacar del inmueble”, destacó el presidente del Consejo, Arturo Hernández Serrano.

Práctica extendida

Serrano agregó que solo una pequeña proporción de las personas que arriendan, cuentan con un inmueble que funcione como garantía para la renta, por lo que la póliza ha cobrado mayor referencia en el mercado.  

Sin embargo, no hay un sistema que regule su funcionamiento, lo que se presta a fraudes y a que “personas sin experiencia legal o inmobiliaria tramiten pólizas”.

Argumentó que el Consejo ha recibido quejas por estafas y abusos al utilizar las denominadas pólizas jurídicas, sin que haya un control o regulación sobre su implementación y práctica.

Agregó que a personas de menos recursos se les han hecho abusos, estafas, que afectan a arrendadores, arrendatarios, dueños, inquilinos y ha sido elemento de estafa para los asesores. “Ya tenemos demasiadas quejas en el estado”.

Ante ello, el Consejo trabaja un proyecto para su formalización y reducir la posibilidad de fraude, por lo que se buscará crear un reglamento y código de ética que dé cuenta de las condiciones formales en que debería establecerse una póliza de este tipo.

Hizo un llamado a los cerca de 50 despachos en Querétaro que emiten estas pólizas jurídicas, para que se acerquen al consejo y homologuen criterios y generar una lista de compañías que brindan pólizas formales.

Para ello, el Cepiq buscará a legisladores locales, para avanzar en la mayor regulación de la actividad inmobiliaria en esa entidad.

Con información de El Economista