México enfrenta desde hace varios años una grave crisis en materia de agua, y la reducción en la disponibilidad de ésta será una constante en los próximos años. El Valle de México, con más de 22 millones de habitantes, es la zona más poblada del país, que demanda agua para actividades domésticas, industriales y grícolas.
Por tanto, la escasez del agua se podría perfilar como un peligro latente para la seguridad nacional, capaz de desencadenar una contingencia de salud pública, con graves consecuencias para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de la Ciudad de México, señaló la Coparmex CDMX.
“Aunque este problema es producto de décadas sin decisiones e inversiones estratégicas a largo plazo, minimizarlo o convertirlo en un tema de polarización no contribuye a encontrar soluciones definitivas. Por tanto, resulta imperativo implementar soluciones y estrategias de gran visión”.
Soluciones alejadas del ruido electoral, añadió la confederación en un comunicado, con efectos en el corto, mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del agua en la CDMX. “La colaboración de todos los sectores políticos, económicos y sociales de la capital, resultará crucial para superar este reto”.
La creación del Acuerdo agua para el futuro implica la instauración y firma de un compromiso político y presupuestal para reorientar y garantizar una inversión de por lo menos 70,000 millones de pesos, para que de manera gradual y progresiva, en los próximos meses y años se puedan reducir las pérdidas de agua en la red de distribución.
Lo anterior, mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura, la instalación de medidores y la detección y reparación de fugas, pues diversos especialistas estiman que en la CDMX se pierde hasta el 40% del agua potable debido a fugas en las redes de distribución.
Dicho acuerdo expresaría la voluntad política y el compromiso de que, gobierne quien gobierne, deberá asumirse y ejecutarse como una política de Estado prioritaria e insustituible, toda vez que sería un compromiso entre el gobierno federal y de la Ciudad de México, junto con los partidos políticos, el sector empresarial, social y académico.
Este esfuerzo podría ser coordinado por el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) de la Ciudad de México, y sería deseable el acompañamiento técnico de especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ingeniería Hidráulica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras universidades privadas e institutos especializados.
La Coparmex CDMX también propone impulsar una nueva cultura del agua, incluido un ajuste a la actual tarifa de agua en la Ciudad de México, pues es la más baja de todo el país y no refleja el impacto ambiental de obtenerla y desincentiva su uso responsable, pues el gobierno capitalino subsidia el 95% del costo, lo que genera un déficit operativo de gestión.
Además de un impulso a las tecnologías de captación y tratamiento de aguas residuales, con la instalación de drenajes diferenciados para aguas negras y grises, y reutilizar éstas para riego y limpieza. Y por último, reformar la Ley de Aguas Nacionales, fortaleciendo las bases de la gestión hídrica del Estado y garantizando el presupuesto necesario y suficiente para inversión y mantenimiento.