El decreto con el que se ‘blinda’ a las obras de infraestructura en México bajo el argumento de “interés público y de seguridad nacional”, es para agilizar los trámites burocráticos y para otorgar confianza a las empresas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”. 

En conferencia desde Palacio Nacional, añadió que las empresas también tendrán tiempo para presentar toda la documentación. Esto, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que declara la realización de proyectos y obras como asuntos de interés público y seguridad nacional. 

Proyectos y obras asociados a infraestructura de comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, medio ambiente, turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos, aeropuertos, entre otros.  

El decreto también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos. 

López Obrador agregó que el acuerdo se trata de un asunto interno entre dependencias: Están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue lo del acuerdo.

“Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan tramo”, comentó en conferencia desde Palacio Nacional. 

Pero no solo es el tren que pasará por cinco estados, los proyectos que actualmente ejecuta el gobierno federal incluyen a la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), entre Oaxaca y Veracruz.  

En este sentido, especialistas señalaron que dicho decreto tendrá consecuencias muy negativas en materia de transparencia y Estado de derecho. Por ejemplo, el ministro en retiro José Ramón Cossío sostuvo que “este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional”.

A su vez, el politólogo José Antonio Crespo advirtió que esta decisión revela el talante autoritario de este gobierno, pues deja sin posibilidad de defensa a personas y grupos sociales que se sientan afectados por dichas obras, como pasa actualmente con la población de influencia de la ruta del Tren Maya. 

“Es la forma autoritaria de hacer las cosas, porque en una democracia se acepta la posibilidad de los litigios. “Se acepta la posibilidad de estar afectando indebidamente intereses de otras personas, a la democracia y la transparencia”.

Para el analista Alberto Aziz afirmó que esto representa un retroceso en materia de transparencia, “porque una parte fundamental de la aplicación de los recursos públicos tiene que estar bajo la mirada y el escrutinio de organismos tanto a nivel manera y vertical. 

“Si se mete una solicitud de información a través del Inai, esto lo va a detener, no se va a saber cuánto se gastó o cuánto se invirtió, quién llevó a cabo la obra, o sea toda la oscuridad sobre la obra pública. Es un retroceso, en efecto”, concluyó.  

Precisamente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) considera necesario que sus áreas especializadas analicen los alcances del decreto y asegurar que no vulnera el derecho a la información de los ciudadanos y el principio de “máxima publicidad”. 

“Al ser la seguridad nacional una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la APF pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”, apuntó el organismo.