El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó en su análisis semanal que la iniciativa privada enfrenta una situación de discresionalidad del Gobierno de la Cuarta Transformación ante los anuncios de inversión en el sector infraestructura, lo que inhibe mayores flujos de capital.
“El sector privado ha enfrentado políticas públicas con una amplia discrecionalidad, y hasta arbitrariedad, que han inhibido (…) prohibido y cancelado proyectos en marcha y avanzados. En esto un claro atentado a los niveles de confianza que junto con la rentabilidad es el principal factor mediante el que se pueden concretar las inversiones (…) esos impedimentos se han presentado durante esta administración, incluso antes de su entrada en vigor, y aún después de la firma del acuerdo de inversión presentado en noviembre pasado”.
No llegará a 25% de la inversión planeada
Sin embargo asevera que con los mismos, no se podría ni rescatar el 25% de la inversión que se tenía pronosticada para este año:
“Los montos de inversión establecidos en el programa firmado recientemente, si se concretan, solo permitirán recuperar una cuarta parte de la inversión privada perdida en lo que va del año y una fracción menor de lo que se ha perdido en lo que va de esta administración”.
Agregó que el rezago en infraestructura perjudica a toda la sociedad mediante la escasez o falta de calidad de servicios y se refleja en un encarecimiento de las operaciones del sector privado, generando pérdida de competitividad y de productividad.
En su reporte, señala que la inversión total actual representa 17.1%, prácticamente 8 puntos porcentuales por debajo de lo que se ha señalado como necesario para que la economía creciera 4% anual; además que según datos del INEGI, durante julio, la inversión fija bruta resultó 21.2% inferior a la del mismo mes del año anterior.
En esta ocasión, se propone que el sector privado participe inicialmente en 39 proyectos públicos con un monto de inversión cercano a los 300 mil millones de pesos, cifra que equivale a poco más de un punto porcentual del PIB.
/Fuente: Boletín del CEESP./