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Este artículo parecería trivial, ante la problemática que envuelve a nuestra ciudad. Pero no lo es, porque pone en relieve lo mucho que hemos perdido en la gestión de la vida urbana, día a día. Y esta gestión cotidiana de los temas de la ciudad – movilidad, seguridad, espacio público – impacta radicalmente en la calidad de vida de todos los habitantes de una urbe. Un gobierno de ciudad tiene como función primigenia el mantenimiento de la infraestructura, pero la política aquí sale sobrando; ya que necesitamos agua, calles, jardines, electricidad y recolección de basura.
La temporada de lluvias en la CDMX se caracteriza, entre otras cosas, por la proliferación de baches que afectan al tráfico, dañan las suspensiones y en muchas ocasiones rompen las llantas de los vehículos. Prácticamente todos los propietarios de coches en la Ciudad tienen una historia de accidentes costosos causados por un bache. Además, los baches son democráticos: aparecen en el oriente pero también en el poniente de la ciudad. Este fenómeno, al que se han acostumbrado ya varias generaciones de ciudadanos, no siempre fue así. Hasta los años 80 del siglo pasado, la gestión de la reparación de los baches permitía una rápida respuesta a su aparición.
¿Que cambió para mal?
Tapar un bache es la operación más 'low tech' posible: solo se requiere de un poco de asfalto, una pala y un rodillo para aplanar el asfalto. Cabe señalar que este asfalto provenía de una planta propiedad del entonces Departamento del Distrito Federal; el cual, todos los días, bajo mandato de las delegaciones, enviaba un camión de volteo por el asfalto, acompañado de una cuadrilla capaz de reparar decenas de baches en un día.
Además, el diagnóstico del problema no requiere grandes estudios: consiste en avanzar con el camión y al ver un bache detenerse, rellenarlo y aplanarlo [por cierto el rodillo de aplanar lo hacían los propios encargados colando un cilindro de concreto utilizando un tambo como molde] Los camiones eran viejos y manchados de chapopote pero cumplían su cometido. No se requerían contratistas, los empleados de las distintas delegaciones hacían el trabajo, solo se modificaba la estrategia al momento de reencarpetar calles o avenidas completas.
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Este sencillo, funcional y barato, esquema se rompió, como tantos otros, con la democratización de la ciudad cuando las delegaciones, ahora alcaldías; quienes empezaron a disputar facultades con el gobierno central, sin que esta descentralización política fuera acompañada de un análisis racional de redistribución de responsabilidades de administración y mantenimiento.
Aunado a este hecho, se limitó la operación de la planta de asfalto propiedad del gobierno hasta su eventual cierre y se creó un esquema de compra de asfalto a particulares. Bueno, hasta Carlos Ahumada tuvo una planta productora de asfalto en Santa Fe la que cerró tras su caída en desgracia. El día de hoy, el ciudadano común no puede saber quien es el responsable de tapar un bache porque no es experto en distinguir cual es una vialidad primaria y cual una secundaria. Muchos funcionarios también lo ignoran.
Por si fuera poco, las alcaldías tienen incentivos perversos – no solo la corrupción, sino la manera en que están reguladas la obra pública y las adquisiciones – que los llevan a repavimentar calles enteras en lugar de reparar solo los baches que afectan a los automovilistas. Es decir: sí hay recursos para tener una ciudad sin agujeros en las calles pero se aplican mal.
En lugar de regresar a lo básico, en los últimos años se han intentado soluciones complicadas como líneas telefónicas exclusivas o, más recientemente, apps y programas de emergencia que se anuncian con bombo y platillo como los de la ya desaparecida Agencia de Gestión Urbana, pero que solo sirven para obtener titulares en los medios sin lograr ningún efecto real, como los que circulamos por la ciudad podemos experimentar todos los días.
Cabe señalar que muchos modelos de autos, sobre todo europeos, ya ni siquiera tienen llanta de refacción porque en las ciudades bien administradas es impensable romper una rueda. Por otro lado el GCDMX prefiere pagar indemnizaciones – trámite tardado y farragoso pero que algunos logran, – que estructurar un programa barato, sencillo de administrar y que tendría gran impacto positivo en los sufridos ciudadanos.
En este caso sí sería bueno regresar al pasado y que las Alcaldías cumplan con su función primigenia que es la atención de primer nivel a la ciudadanía y el mantenimiento básico de la Ciudad. Es decir su función de intendencia.