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La primera gran división de toda ciudad tiene dos vertientes: la propiedad privada y el espacio público. Así ha sido desde la aparición de las primeras ciudades, 5 mil años antes de la era cristiana. Uno de los principios básicos de la ciudad contemporánea es que debe haber una división clara – generalmente una línea – entre lo privado y lo público. El espacio público es precisamente eso: público; es decir, una área perteneciente a todos, a la colectividad. Por lo tanto, no es patrimonio del gobierno y su uso debe estar sometido a reglas claras dictadas por el interés común.
Lo anterior, viene a cuenta ante las iniciativas de ley presentadas por el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva y otra por Diana Barrios, hija de la histórica lideresa de ambulantes, Alejandra Barrios, que en su larga carrera ha sido priista, perredista y ahora morenista. Estas iniciativas pretenden regular el comercio en vía pública, a partir de la presión de grupos de interés y la violación a múltiples normas y leyes: como las fiscales, las de salubridad, las de protección al consumidor, las de protección a monumentos históricos, las de uso del suelo e inclusive la violación a la Constitución General de la República en sus apartados de libre tránsito y comercio.
Además, ambas iniciativas parten de la falsa premisa de que los mal llamados 'ambulantes' realizan esta actividad económica solo por la carencia de empleo. Me explico: diversos estudios sociológicos y económicos reconocen tres factores básicos en el crecimiento de la informalidad: el primero es, indudablemente, el excedente de mano de obra frente al empleo disponible, es decir, el desempleo; el segundo, más complejo, es la descentralización productiva, lo que significa que la economía formal requiere insumos y trabajo del sector informal – como las labores que realiza un herrero o un carpintero, por ejemplo –. Finalmente, el tercero lo constituye la exclusión voluntaria del marco normativo.
Este rubro, que posiblemente sea el que más ambulantes aporta en la CDMX, funciona a partir de la idea de que individuos y grupos deciden conscientemente que ser ambulante es el mejor empleo que pueden tener: sin horarios, sin responsabilidades, sin pago de servicios, sin impuestos. Esto ha generado una clase laboral que difícilmente podrá ser empleada en el sector formal, ya que no tienen la educación, los conocimientos, los papeles (RFC) y la disciplina para asistir consuetudinariamente a un lugar de trabajo.
Además, la estructura corporativa de liderazgos y controles es la más interesada en que el número de ambulantes se incremente, lo que redunda en mayores ingresos y mejor control político. A ello se suman los votos, los acarreos y la corrupción en alcaldías y gobierno central. Este panorama genera ingresos adicionales que en ocasiones son aportados por el contrabando, la pornografía, la venta de artículos robados, falsificación de marcas, la venta de drogas y los asaltos a transeúntes
El pretexto para la elaboración de ambas iniciativas está en la nueva Constitución Política de la CDMX; la cual, llama a reconocer los derechos de los trabajadores no asalariados y a establecer zonas especiales de comercio; sin embargo, la constitución no dice más y ambas iniciativas pretenden otorgar espacios al comercio ambulante, dotarlos de derechos; lo cual, implicaría obligaciones como pagar impuestos, cumplir con las normas en materia de uso del suelo, protección civil, salubridad y protección del patrimonio. Además, en estos espacios solo podrían vender mercancía legal, no robada, no pirata y menos pornográfica.
Compatibilizar estas cosas se antoja imposible, aunque la creatividad de nuestros legisladores a veces nos sorprende – como prohibir la venta de cerveza fría –. Lo que sí es seguro es que tendremos una ley adicional que la mitad de la población no estará dispuesta o no podrá cumplir y que el deterioro del espacio público de la ciudad continuará de manera acelerada.
Indudablemente, la solución no es sencilla porque el problema se ha dejado crecer en los últimos años, así como los lugares que habían sido restringidos al comercio ambulante: como las calles de Seminario, Moneda, Madero y Av. Juárez en el Centro Histórico de la CDMX, que han vuelto a ser invadidas. Por ejemplo en la calle de Moneda, números 16 y 18, a un costado de Palacio Nacional, las casas del Mayorazgo de Guerrero – conocidas como del Sol y la Luna – construidas en el siglo XVI y remodeladas en el XVIII, que además son propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tienen sus hermosas fachadas tapadas y dañadas por decenas de puestos en donde se vende ropa de contrabando sin que ninguna autoridad haga algo por desalojarlos.
Las iniciativas de ley propuestas no resolverán el problema, por el contrario, restarán autoridad al gobierno de la CDMX para concederla a los líderes del ambulantaje.