Para el Senado de la República, el derecho a una vivienda digna y decorosa no ha sido garantizado plenamente para los ciudadanos, ya que su accesibilidad es desigual, limitada a ciertas regiones y grupos, como consecuencia del poco impacto de políticas implementadas en la materia.

Por ello, recomendó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atender el punto 1.2 de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019.

El cual trata de seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación cultural que identifican el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada.

En este sentido, en el dictamen avalado por el Pleno se resalta la necesidad de conducirse con una adecuada aplicación del Programa de Vivienda Social, a fin de salvaguardar el derecho de la población a una vivienda digna, “así como evitar los errores que han impedido el éxito en administraciones pasadas”.

Ya que considera que más de la mitad de los mexicanos no cuenta con ingresos suficientes para la adquisición de una casa. Asimismo, que se han detectado millones de viviendas abandonadas por motivos como defectos en la construcción, ubicación en zonas de riesgo o porque simplemente la gente no puede pagarlas.