Este proyecto busca establecer un marco normativo que impulse el desarrollo de infraestructura pública estratégica en México, promoviendo la colaboración entre los sectores público, privado y social. Se trata de inversión a través de las nuevas Asociaciones Público Privadas (APP) o inversión mixta para el Bienestar.

La propuesta, firmada por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fue enviada a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Gobernación. Según el documento, la infraestructura es clave para el desarrollo económico, la reducción de desigualdades sociales y la mejora de la calidad de vida de los mexicanos.

Además, se subraya la importancia de garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en el uso de recursos públicos.

Entre los puntos destacados de la iniciativa se encuentra la creación de "Vehículos de Propósito Específico", que permitirán una coordinación efectiva entre los sectores público, privado y social para financiar y ejecutar proyectos prioritarios.

También, se propone la instauración del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano consultivo que definirá las prioridades de inversión y emitirá recomendaciones sobre políticas y estrategias de desarrollo.

La ley también contempla reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y garantizar la transparencia en el manejo de recursos.

Entre las modificaciones propuestas se incluye la incorporación de un artículo que obliga a las dependencias y entidades a proporcionar información detallada sobre los proyectos de infraestructura, incluyendo riesgos y contingencias.

La iniciativa busca cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Gobierno federal prevé inversión histórica en infraestructura: 5.6 bdp al 2030

Además, se prevé que las erogaciones derivadas de la implementación de esta ley se cubran con el presupuesto aprobado, sin necesidad de recursos adicionales.

El Consejo de Planeación Estratégica deberá instalarse en un plazo máximo de 120 días naturales tras la entrada en vigor de la ley, y en su primera sesión se aprobarán las reglas de operación.

Los proyectos de inversión iniciados antes de la entrada en vigor de la ley podrán ser evaluados por el Consejo para determinar su elegibilidad para recibir apoyo.

Puntos clave

1. La iniciativa propone crear un marco legal especial para impulsar proyectos de infraestructura considerados prioritarios en México, especialmente en sectores como energía, transporte, telecomunicaciones y agua. Su enfoque no solo busca eficiencia económica, sino también generar empleo y mejorar las condiciones de vida en regiones con rezago.
2. Uno de los ejes centrales es acelerar el desarrollo de obras mediante menos trámites. Para ello, plantea una ventanilla única que concentre permisos de los tres niveles de gobierno, así como mecanismos que faciliten la liberación de terrenos. Además, se busca dar mayor certeza a los inversionistas con contratos estables que eviten cambios arbitrarios en las reglas.
3. En materia de financiamiento, la propuesta abre la puerta a una mayor participación privada a través de esquemas mixtos y fideicomisos especializados, con el objetivo de atraer capital sin comprometer las finanzas públicas. También exige que cada proyecto demuestre su viabilidad económica y su impacto positivo en la economía.
4. Finalmente, la iniciativa incorpora medidas para fortalecer la transparencia y la participación social, como consultas a comunidades afectadas y la creación de organismos ciudadanos que supervisen el avance de las obras y el uso de los recursos.

Con esta iniciativa, el Gobierno Federal busca consolidar un modelo de desarrollo incluyente y sostenible, que fomente la inversión en infraestructura estratégica y contribuya al bienestar de la población mexicana.