El primer Índice de Competitividad Regional (ICR), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), confirma una marcada disparidad en el desempeño económico y productivo entre las distintas regiones del país.
En paralelo, el Noroeste también destaca por su dinamismo económico, aunque enfrenta una paradoja en materia de seguridad: pese a registrar una de las mejores percepciones de seguridad a nivel nacional, presenta la tasa de homicidios más alta del país.
A su vez, en el Centro del país, la fortaleza educativa y la atracción de talento contrastan con una baja capacidad de retención, asociada a un mercado de vivienda limitado y costos elevados.
Y en contraste, las regiones del Istmo y Maya muestran rezagos estructurales persistentes. A pesar de su ubicación estratégica y riqueza natural, registran bajos niveles de exportaciones, inversión extranjera directa y una elevada informalidad laboral. La falta de infraestructura logística y energética, así como de empresas líderes y talento especializado, limita su capacidad para capitalizar oportunidades de inversión, profundizando las brechas frente a las regiones del norte del país.
Según el IMCO, la competitividad en México no es un fenómeno aislado ni estrictamente estatal, sino regional. Las decisiones de política pública, inversión e infraestructura que se toman en una entidad generan impactos directos en sus estados vecinos, ya sea potenciando oportunidades o profundizando rezagos.
El Índice de Competitividad Regional (ICR) 2026, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), evalúa la capacidad de seis regiones del país para atraer y retener inversión y talento, a partir de 40 indicadores agrupados en cuatro subíndices. Bajo este enfoque, el IMCO introduce el concepto de “efecto de vecindad”, que explica cómo el desempeño económico, social y de seguridad de un estado incide directamente en la competitividad de toda una región.
Resalta el IMCO que competir como región multiplica resultados. La coordinación entre estados, empresas y el gobierno federal resulta clave para reducir la informalidad, mejorar la seguridad y fortalecer la infraestructura. El ICR se perfila así como una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y decisiones de inversión que permitan desbloquear el potencial competitivo regional de México.