Democratización e inclusión son parte esencial de la nueva ola tecnológica. El objetivo es transformar las opciones de inversión en el sistema financiero mexicano.
La vertiginosa evolución del crowdfunding alienta el emprendimiento y la generación de una legislación que busca regular el sano desarrollo de las instituciones con tecnología financieras. La experiencia reciente demuestra la efectividad que el fondeo colectivo tiene para generar una nueva competencia. Las plataformas alternativas de financiamiento representan 50% de la oferta de los nuevos jugadores financieros en Latinoamérica.
El crecimiento hizo que los fondos de inversión previeran recursos disponibles de hasta 800 millones de dólares para invertir en startups mexicanas, según ha documentado la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). Con o sin ellas, México enfrenta dos retos: consolidar este segmento para mejorar su participación en América Latina, donde existen más de 1,000 emprendimientos fintech, y reducir la baja inclusión financiera de la población.
Las plataformas representan 50% de la oferta de nuevos jugadores.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el rezago en México referente a inclusión financiera, parte de que el país cuenta con un nivel de penetración de apenas 36% en la población con acceso a crédito. Por su parte, la bancarización en zonas urbanas apenas llega a 39%, según un análisis de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Se trata justamente de atender a este amplio segmento de la población que no cuenta con acceso a servicios financieros. Por ello, a través de las herramientas tecnológicas desarrolladas por nuevos competidores del mercado, este segmento podría participar y conocer un modelo de negocio.
Igualdad de condiciones
Actualmente la banca comercial ha manifestado su solicitud al sistema financiero tradicional para acceder a una igualdad de condiciones de operación en las que pide una regulación en materia de capitalización, entre otros aspectos. Este tipo de inversiones abriría la posibilidad para que el público en general invierta, ya que se removerían las barreras de entrada a los potenciales inversionistas que cuentan con recursos limitados.
La Ley Fintech (Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera), aprobada en marzo pasado por el Congreso, es un parteaguas en la competencia y el desarrollo de la naciente industria, a pesar de que aún falta una regulación específica para su fondeo y para las fintech especializadas en el pago electrónico.
Su alcance será amplio, en particular para la población no bancarizada y para los emprendimientos financieros de nueva generación.
En la Ley, los artículos 11 y 12 prevén que un Comité Interinstitucional –aún no conformado– que autorice la operación de criptomonedas, que están definidas por la misma Ley como “activos virtuales” avalados por el Banco de México (Banxico) y por lo tanto, hasta el momento, es inaplicable.
México cuenta con un nivel de penetración de 36% en el acceso a crédito.
Mayor acceso
Las criptomonedas han sido previstas como un método de pago, pero fueron superadas por el beneficio del blockchain (o cadena de bloques). Éste opera mediante una tecnología subyacente. Se trata de una base de datos compartida que opera como un libro de registro de operaciones de compra-venta en distintas transacciones, que podría incluso actuar como un commodity o security.
La regulación de esta actividad finaciera hará posible que bancos y empresas accedan a tecnologías eficientes y evolucionadas como lo ha probado.
Este segmento de inversión tiene una amplia trayectoria en otros mercados, como el caso del sistema financiero de Estados Unidos, regulado desde 1930 en el ámbito de protección al inversionista a través de la Securities and Exchange Comission (SEC), donde se han creado mecanismos a lo largo del tiempo para proteger al inversionista.
Sin embargo, la regulación en ese mercado ha sido útil para incorporar distintos mecanismos.
El bitcoin no está contemplado en la actual Ley Fintech.
En EU se regula el sector desde 1930.
Nuevos alcances
En el caso de México, el alcance de esta evolución es representativa para el mercado inmobiliario, que en los últimos años ha experimentado el surgimiento de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), en los cuales se puede participar como inversionista institucional o calificado, a través de una casa de bolsa o la banca patrimonial, por ejemplo.
Pero la regulación aplicada a este tipo de vehículos genera gastos atribuibles a su cumplimiento y los costos de actores requeridos para su emisión y operación que se trasladan al público inversionista.
Ante esta circunstancia, se han desarrollado en otros mercados los tokens o criptomonedas que actuan como participación en una empresa, las cuales se consideran securities.
En los últimos dos años, mediante un registro, en Estados Unidos ha sido fácil dictaminar si una criptomoneda está sujeta a la competencia de la SEC, y también al sistema de precedentes que prevé la Ley Howey Test, aunque su tecnología no sea para la tecnología blockchain en específico. Se utiliza para determinar si un token es un security, y ha servido de contexto regulatorio preexistente.
Para el caso específico del blockchain, los primeros trabajos en esta tecnología se publicaron en 1991, aunque en la práctica se conceptualizó hasta 2008, cuando Satoshi Nakamoto creó el bitcoin, al emplear la misma base tecnológica, que en escencia agiliza los procesos.
En el mercado mexicano han operado criptomonedas sin estar respaldadas en activos, pero que ofrecían distintas opciones que abarcan desde startups hasta infraestructura renovable.
Indudablemente, la operación regulada hará factible que esta industria financiera naciente pueda incluso superar el fondeo de proyectos medianos y pequeños, para crear opciones en el desarrollo de infraestructura y complejos de mayor alcance.
El reto principal será crear un marco regulatorio equilibrado —que lejos de inhibir su crecimiento—, permita el sano desarrollo de esta alternativa de inversión que busca democratizar el acceso y remover a los intermediarios, que actualmente hacen más costosas las opciones de inversión, evidenciando que la Cuarta Revolución Industrial llegó al sector financiero.
Fuente: Ley para Regurlar las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFF) y Condusef.
Según el Radar Fintech 2018, de Finnovista, en el último año nacieron 96 startups.
Texto Javier Barrera Valdez, Socio Fundador de Fibracoin
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