Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) expuso que mientras se resolvía la impugnación que interpuso el partido Morena sobre el resultado a la gubernatura, el sector venía realizando una planeación con el Partido Acción Nacional (PAN) respecto a cómo generar un banco de tierra para el próximo sexenio, lo cual ahora queda pendiente por la tragedia.

Gómez Monroy recordó que durante 2018, el sector vivienda en la entidad realizó una inversión de 14,000 millones de pesos, con lo que alcanzó su meta anual de 21,000 casas construidas, sin embargo, para 2019 hay incertidumbre debido a que al tener un gobierno interino, no se cuenta con un plan para generar nuevas reservas de tierra.

En contraparte, descartó que haya una reducción drástica en la cantidad de viviendas construidas, ya que ésta sería por arriba de 17,000 espacios, la cual podría aumentar si el gobernador entrante da celeridad a sus planes, entre ellos tomar en cuenta la petición del sector para generar tierras adicionales.

Dijo que en la zona metropolitana se complica más la construcción, sobre todo la de interés social, ya que cada vez aumenta el déficit de terrenos y los que están disponibles se ofertan hasta 30% más caros, al tiempo que insistió que si no se generan nuevas reservas, en siete años habrá un grave problema, según destaca una nota de El Economista.

Como se recordará, Canadevi mostró su preocupación debido a que el presupuesto sugerido para el otorgamiento de subsidios fue prácticamente inexistente en el Paquete Económico de 2019, al haber eliminado el Programa de Financiamiento para Soluciones Habitacionales la cual podría desencadenar una crisis habitacional y laboral.

El organismo señaló que los desarrolladores de vivienda -responsables de la construcción de 85% de los hogares de interés social para las personas que ganan entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales se encuentran preocupadas, ya que la vivienda social depende del apoyo del gobierno federal y, sin esta inversión, 70% de los candidatos a vivienda verían cancelado su derecho durante 2019.