|  

El mercado de la vivienda en México atraviesa una reconfiguración estructural marcada por una fuerte contradicción: la demanda habitacional se mantiene activa, pero la oferta de vivienda asequible registra una de sus mayores contracciones en la última década.

2 No me gusta0

Así lo revela un análisis reciente de Monopolio, elaborado por Marisol Becerra, directora de Estrategia de Datos y Consultoría de la firma. De acuerdo con el estudio, la producción total de vivienda pasó de 302 mil unidades en 2015 a poco más de 138 mil en 2025, una caída cercana al 54 por ciento.

 

El mayor deterioro se observa en la vivienda social, cuya producción se redujo de 279 mil a apenas 102 mil unidades en el mismo periodo, lo que representa una contracción de 64 por ciento. Esta disminución ha generado un cuello de botella justo en el segmento donde se concentra la mayor necesidad habitacional del país.

 

Señala el análisis que el mercado se ha vuelto cada vez más selectivo. Cambios demográficos y sociales, como la recomposición familiar —con una tasa de 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios—, están impulsando la demanda por viviendas más pequeñas y mejor ubicadas. No obstante, el inventario disponible es limitado y, en muchos casos, no corresponde a la capacidad de pago de la mayoría de los hogares.

 

A ello se suma el reto generacional. Los Millennials y la Generación Z ya representan 43.4% de la población nacional, equivalente a 56.5 millones de personas. Aunque siete de cada diez jóvenes mantienen la intención de adquirir vivienda, enfrentan crecientes barreras financieras.

 

Las tasas hipotecarias se han mantenido relativamente estables, alrededor de 10.3%, pero el valor de la vivienda crece a un ritmo anual de entre 8% y 9%, ampliando la brecha de asequibilidad. En promedio, el ingreso requerido para adquirir una vivienda media duplica el ingreso efectivo de los solicitantes, situación que se agrava en la Ciudad de México.

 

 

Respecto al programa federal Vivienda para el Bienestar, Becerra considera que representa una señal positiva al devolver la vivienda social al centro de la agenda pública. Sin embargo, advierte que su impacto dependerá de una correcta planeación urbana, con proyectos ubicados cerca de empleo y transporte, para evitar mayor segregación.

De cara a 2026, el análisis concluye que la solución pasa por una mayor colaboración público-privada y por ampliar el enfoque hacia esquemas como renta con opción a compra y la reconversión de inmuebles subutilizados, con el fin de cerrar la brecha de desigualdad habitacional.