El mercado inmobiliario mexicano enfrenta una transformación profunda con la entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado, que impone mayores responsabilidades a los asesores inmobiliarios en la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con especialistas consultados durante el webinar “El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario 2025”, organizado por MoradaUno, los profesionales del sector deberán incorporar prácticas de identificación, verificación y monitoreo de sus clientes, convirtiéndose en una primera línea de defensa frente a operaciones sospechosas.

Para Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, desde 2012 existían algunas disposiciones, pero eran poco revisadas.

Nuevas obligaciones y vigilancia más estricta

La ley establece que los asesores deberán verificar la identidad y fuente de ingresos de los compradores, así como identificar al Beneficiario Controlador, es decir, la persona que posee o controla al menos el 25% de una empresa cuando la operación se realiza a través de una persona moral.

Además, estarán obligados a clasificar el nivel de riesgo de cada cliente —bajo, medio o alto— con base en factores como el origen del dinero, la forma de pago y el perfil del comprador. Por ejemplo, una transacción con un crédito bancario será considerada de bajo riesgo, mientras que una compra en efectivo por parte de un extranjero podría ser catalogada como de alto riesgo.

En caso de detectar irregularidades, los asesores deberán informar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un plazo máximo de 24 horas, así como conservar los expedientes durante al menos diez años.

“Los brokers ahora comparten responsabilidades con los notarios y deberán conocer a fondo a sus clientes, crear expedientes y notificar cualquier indicio de operación sospechosa o irregularidad”, explicó Jorge Rodríguez.

Enfoque Inmobiliario de la nueva reforma en materia de lavado de dinero

Multas y consecuencias legales

El incumplimiento de la norma puede derivar en multas que van de 20,000 a un millón de pesos, además de sanciones penales en los casos más graves. Entre las infracciones más comunes están no presentar avisos, omitir la identificación del cliente o entregar reportes incompletos.

Sin embargo, los expertos destacan que el objetivo de la ley no es convertir a los asesores en inspectores financieros, sino fomentar la colaboración del sector con las autoridades.

“El reto no es solo legal, sino operativo. ¿Cómo cumplir sin detener las ventas? El momento de prepararse es ahora, porque las reglas generales salen en los próximos meses y cuando eso ocurra, la autoridad podrá empezar a revisar con todo”, señaló Santiago Morales, CEO de MoradaUno.

Profesionalización del sector

Para Morales, esta nueva etapa representa una oportunidad para profesionalizar la labor de los asesores inmobiliarios, dotándolos de mayor conocimiento y herramientas para operar con seguridad.

“La nueva Ley Antilavado ya es una obligación, pero no es para volvernos locos: su implementación es factible y marcará la nueva forma de operar en el sector inmobiliario”, afirmó el experto.

Con esta reforma, la compraventa de propiedades en México entra en una fase de mayor transparencia y trazabilidad, en la que la figura del asesor inmobiliario será clave para garantizar operaciones seguras y cumplir con las normas que buscan proteger al mercado de prácticas ilícitas.