Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que estas viviendas fueron construidas principalmente durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, como parte de un modelo de desarrollo habitacional que priorizó el negocio inmobiliario sobre las necesidades reales de los trabajadores. Se trata de unidades con dimensiones mínimas —algunas de hasta 10 metros cuadrados— ubicadas lejos de los centros urbanos, sin servicios básicos ni conectividad adecuada.

“El trabajador accedía a un crédito que aumentaba con el tiempo, pero no podía habitar la vivienda por su ubicación o por la falta de servicios; incluso hay casos en los que ni siquiera fueron construidas”, señaló.

Sheinbaum explicó que el censo permitirá conocer la situación de cada vivienda: Si está ocupada por su legítimo propietario, si fue tomada por otra persona o si permanece deshabitada. Con base en estos hallazgos, el gobierno definirá un programa de regularización o acciones específicas para atender la problemática.

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Respecto a los casos de despojo violento de viviendas por parte de presuntos grupos delictivos, como algunos registrados en el Estado de México, la presidenta precisó que son fenómenos distintos. Estas situaciones están siendo investigadas por las fiscalías locales con apoyo del Gabinete de Seguridad.

“El caso de las 600 mil viviendas no necesariamente implica delincuencia organizada. Muchas veces se trata de familias que ocuparon una casa por necesidad. En cambio, el despojo violento, como el que se ha denunciado en Edomex, es atendido por las autoridades correspondientes”, aclaró.

Finalmente, adelantó que el programa completo y sus alcances serán presentados próximamente por el Infonavit y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel.