Durante los últimos años hemos escuchado calificativos como “cartel inmobiliario” y ahora se acusa de que no cumplen con obras de mitigación.

Sin duda hay empresas que no cumplen completamente con la Ley, con las normatividades vigentes, pero también hay muchos más -que son la mayoría- vinculados a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliario (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que operan bajo reglas internas estrictas y apegados a la Ley como parte de los estatutos internos de cada asociación. También, hemos sido testigos de los trabajos que éstas llevan a cabo en coordinación con las autoridades para reactivar la inversión, por ejemplo, en la Ciudad de México.

Por ello será importante que las diversas acusaciones que hacen las autoridades, como el caso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que inmobiliarias adeudan 800 millones de pesos a la Ciudad por obras de mitigación que dejaron pendientes, se evite generalizar y generalizar la idea de que “todos son iguales”, cuando en la práctica no es así.

La jefa de gobierno precisó el pasado fin de semana en el marco de la instalación del gabinete de agua y saneamiento en la alcaldía Azcapotzalco, que “es muy importante revisar en cada caso si se cumplió y hacer lo necesario para cobrar los recargos correspondientes a cada desarrollador, porque lo que no puede ser es que no se realicen las obras de mitigación que tienen que ver con agua.”

Reiteramos que sí hay desarrolladores poco profesionales que se brincan la Ley, pero no son la mayoría. Incluso, desde hace algunos años los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país, por el acceso a recursos internacionales a través de fondos de capital privado, a través del mercado de valores o fuentes de capital institucional, han tenido que trabajar en su gobierno corporativo. Asimismo, la ADI ha expulsado de su asociación a quien no ha cumplido con la normatividad vigente.

Cumplir con la Ley es un principio de las asociaciones como ADI y Canadevi.
 

Gremio y autoridades, de la mano para beneficio de la comunidad

Ambas circunstancias son solo ejemplos del trabajo interno que llevan a cabo los desarrolladores profesionales para llevar a una buena práctica el desarrollo inmobiliario del país, completamente en el marco de la Ley.

No podemos olvidar, que por ejemplo, se acusó que desde el 2003 un grupo de arquitectos creó “el cártel inmobiliario”, quienes construían de más de y de manera ilegal coludidos con las mismas autoridades. Lo cual es muy probable que sea cierto, pero no se debe generalizar y a los que no cumplen con la Ley no se les debe dejar operar.

Esta debe ser una buena oportunidad para que autoridades y desarrolladores fortalezcan sus vínculos para que ambos actúen estrictamente bajo las normas que dicta la Ley, porque también no podemos cerrar los ojos de las extorsiones que son víctimas los privados para sacar permisos o durante los procesos de obras.

Debe haber cancha pareja para la competitividad, no es posible que algunos por “desconocidas” razones tengan privilegios de alturas y construcción y otras obras están detenidas sin justificación.

Es una buena oportunidad para fortalecer un desarrollo inmobiliario planificado, ordenado,  que beneficie a las ciudades, a los habitantes y que impulse la economía de cada entidad.

ADI y autoridades buscan evitar contagios y afectación económica