La Red de Profesionales de Administración de Condominios y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) buscan incidir en la actividad legislativa del país, para fortalecer normativamente su actividad y dar certeza a la persona que habita y a quien busca vender o adquirir un inmueble.
La propuesta de la red se basa en homologar y actualizar el Régimen de propiedad de condominios que existe en cada estado, pues en la actualidad, existen diferencias entre los distintos marcos normativos que dificultan la certeza jurídica para la labor de los administradores.
“Cambian muchísimo las leyes de un estado a otro. Necesitamos unificar las leyes para poder estar trabajando”, detalló Mara Cavazos, presidenta de la Red, quien puntualizó que la labor principal de un administrador de condominios es administrar los recursos para mantener las áreas comunes de estos espacios.
Señaló que es necesario una actualización de cada régimen que contempla la figura del administrador de condominios; por ejemplo, en la Ciudad de México, dicho esquema todavía conlleva el nombre de Distrito Federal y, además, la actividad debe estar vigilada por la Procuraduría Social capitalina.
Para Cavazos, en algunas entidades la legislación dificulta la labor de los administradores, pues al manejar recursos de terceros, no pueden abrir cuentas bancarias, contratar un seguro a nombre del condominio, por lo que se adoptan la figura de asociación civil, que tiene otras implicaciones fiscales y notariales.
Desde hace algunos meses, la AMPI trabaja para que las entidades del país cuenten con una ley inmobiliaria, con el fin de que todas las personas que se dediquen a la comercialización de inmuebles estén bajo el radar de la autoridad y así el usuario final tenga la certeza de con quien trata al momento de la compraventa.
“Más que darnos certeza a nosotros, va dirigida al público en general”, detalló Florencia Estrada, presidenta de la AMPI; añadió que si bien en esta asociación se tienen todos los controles de seguridad, este organismo concentra 100,000 asesores, de un mercado de cerca de 900,000 a nivel nacional.
Actualmente, existen cerca de 20 estados que ya cuentan con una ley inmobiliaria que provee una licencia a todo aquel corredor de bienes raíces, sin embargo, faltan otros para tener un marco normativo en todas las entidades, de acuerdo con una publicación de El Economista.
Así, el reto es fortalecer las secretarías de Economía de las entidades donde no hay un marco normativo al respecto, para incentivar estos cambios a nivel de ley de cada estado. Añadió que hay estados que no tienen una Secretaría de Economía sólida, lo que imposibilita que todos los estados puedan tener su licencia.
