Con el objetivo de financiar el desarrollo y la construcción de viviendas destinadas hacia los sectores de ingresos medios y bajos de la población en Argentina, se lanzó el primer Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario (FCICI), denominado Pellegrini I.
Los FCICI son vehículos de inversión colectiva conformados de patrimonios que se nutren con los aportes que realizan los inversores a través de cuotas.
La oficialización del fondo, través del registro RG N°855 de septiembre de 2020, que emitió la Comisión Nacional de Valores (CNV) de ese país, se creó un régimen especial de Productos de Inversión Colectiva para el desarrollo inmobiliario, con el objeto de fomentar estructuras de inversión para la industria de la construcción social y media.
La normativa busca impulsar el desarrollo de las actividades inmobiliarias, en todas sus formas, con herramientas que permitan el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.
El Fondo fondo de Pellegrini S.A. (como Sociedad Gerente) y Banco de Valores (como Sociedad Depositaria) prevé la emisión de emisiones por un valor de oferta pública de 2 mil millones de dólares en el primer tramo de emisión y de hasta 10 mil millones como monto máximo nominal con un plazo de 10 años.
El proyecto Pellegrini I, está alineado a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Sociales (Bonos con impacto social positivo alineados a los SBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) generando un impacto social positivo.
Para el inicio, se prevé que los proyectos inmobiliarios están en áreas urbanas o semiurbanas en Argentina. Por lo menos, 50% de los proyectos deberán estar en centros urbanos con más de 500.000 habitantes.
Además, tendrán que ser proyectos de vivienda social dirigidos a sectores de ingresos bajos o medios, en el marco de lo establecido por la Ley 27.440 con destino a su futura enajenación, o su alquiler y posterior enajenación.
Se estima que podrán ser financiados proyectos de hasta 80% del total del Proyecto Inmobiliario. En inicio, para la primera inversión, se tomarán en cuenta obras con un avance de 20% en su edificación.
El Fondo adquirirá para su cartera, terrenos con permisos ya aprobados, y no se usará para compra de tierra; generación de anteproyecto o documentación ejecutiva; gestión de permiso de construcción u otros permisos, debido a que los procesos se llevan hasta 36 meses para comenzar la obra, lo que puede generar una severa “distorsión” en el rendimiento de su capital.
con fotografías de Archdaily e información de Infobae.
