Con el argumento de que se “trata de una justicia social” el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, realizó una segunda expropiación del Club Campestre de Tijuana.
“Los terrenos del Club Campestre de Tijuana son los más apropiados, idóneos e insustituibles para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre, en virtud de que no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con las características”, se lee en el Periódico Oficial de esa entidad.
Sin embargo, el documento no detalla de cuánto será la liquidación del mismo, y además, deja en suspenso el mantenimiento del mismo, como lo detalla la foja 14:
“El mantenimiento (…) deberá tener mayor jerarquía que la creación de nuevos espacios públicos (sic) es decir, se pueden crear espacios públicos nuevos siempre y cuando a los espacios existentes se les garantice su correcto mantenimiento y operación”
El link de la expropiación de gobierno del estado completo es este:
El gobernador Bonilla ya había sido protagonista indirecto de una cancelación de un proyecto de inversión para la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, aunque en esa ocasión, el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cancelar la inversión inmediatamente.
Hace un año, López Obrador justificó la cancelación de la planta cervecera, que llevaba 80% de construcción, argumentando “que había habido corrupción e influyentismo en el otorgamiento del permiso”, aunque, irónicamente, señaló que “la decisión no afectará el flujo de inversión privada en el país”.
Para el caso del Club Campestre, el gobierno de Bonilla, de extracción morenista, argumentó a lo largo de 34 fojas, que Tijuana contaba con un déficit de equipamiento urbano, por lo que para 2020 se requerían 614.52 hectáreas para espacios recreativos.
Cabe señalar que hace más de dos meses, el gobierno estatal amenazó realizar la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre.
Acto ilegal
Según destaca The San Diego Union Tribune, “la primera (expropiación) fue realizada por el gobernador del PRI, Raúl Sánchez Díaz Martell, en noviembre de 1970, y fue publicado en el Periódico Oficial”, destacó el historiador Gabriel Rivera Delgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Tijuana.
Pero antes, desde 1967, hubo una disputa por el terreno entre los socios del Campestre, la inmobiliaria Inmuebles Californianos S. A (ICSA) y otros implicados, la cual llegó a juzgados federales.
Por su parte, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, sentenció que “La expropiación implica una violación al derecho de privacidad (…) por tanto, uno de los elementos que deben de satisfacerse es la causa de utilidad pública, pero además debe haber criterios de conservabilidad”.
Agregó que para que sea un área pública, el procedimiento de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre debe cumplir con varias condiciones.
Además, como prevé la ley, se tiene que contemplar un elemento de indemnización, con una previa valuación del predio en base a valores y elementos catastrales y comerciales.
El también asesor de organismos empresariales en Tijuana explicó que existe un criterio para que, en caso de que se expropie el bien, este permanezca con el mismo mantenimiento que tenía de manera privada.
El Club Campestre cuenta con 50 hectáreas sobre el bulevar Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, y un campo de golf con 18 hoyos.
Cuenta con dos albercas, gimnasio, salón de eventos, dos restaurantes para 90 personas, terraza para 70 comensales, barra con bar, sauna, canchas de tenis, ráquetbol, futbol y basquetbol.
Argumentos y violación de la ley
El gobierno de Bonilla argumentó la medida con datos del INEGI, que calculó una población de 1 millón 922 mil 523 habitantes en Tijuana, es decir, el 51% de la población estatal pero que solo se tienen dos parques, el José María Morelos, con 61.56 hectáreas, y La Amistad, con 22.35 hectáreas.
Luego de la medida, el gobernador Bonilla dijo que buscarían hacer más expropiaciones de ser necesario, si se encuentran otros predios “irregulares”.
Cabe señalar que la culminación del nuevo proyecto, que según el gobernador de Morena beneficiaría a la población de Tijuana, se abriría, como fecha límite, hasta el año 2040, como se detalla en la página 22 de la resolución.
Según La Jornada, el precio de la expropiación se calcula en mil millones de pesos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Expropiación de Baja California, considerando el valor catastral y comercial del predio de 80 hectáreas.
Aunado a la expropiación, según el reglamento del Instituto Estatal Electoral, el gobierno de Jaime Bonilla también violó la ley al difundir la declaratoria en el comunicado 766-2021, en el que incluye cuatro imágenes y las declaraciones del secretario general.
Finalmente, la candidata del PAN, Lupita Jones, advirtió que Bonilla va contra la propiedad privada en esa entidad con la medida.
Con información de Milenio Diario, The San Diego Unión Tribune, La Jornada, Diario Oficial de Baja California y La Política on Line.
