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El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2019-2024 prevé una inversión de 2.3 billones de pesos, 5.4 millones de acciones y 20 millones de personas beneficiadas; con el foco de atención en la población que históricamente no había sido atendida, que habita en las regiones que presentan un mayor rezago, especialmente en el sur-sureste del país.  

Así lo anunció Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al presentar la política pública en la Ciudad de México; toda vez que el déficit a nivel nacional en vivienda está conformado por las necesidades de mejoramiento y ampliación. Es decir, que cerca de 7 millones y medio de viviendas en México, de 34 millones, están construidas con materiales precarios.

Además, casi 6.4 millones requieren mejoras o una ampliación; y 9.4 millones de viviendas carecen de drenaje, tienen materiales precarios o presentan hacinamiento. El PNV también busca reducir el rezago en 2.2 millones y crecer 11% el sector de la vivienda, además de reducir 25% el costo de los trámites; cabe destacar que el programa es el primero que incluye, a nivel internacional, elementos para una vivienda adecuada establecidos por ONU-Hábitat.

Meyer Falcón explicó que para este programa hubo una coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo Nacional de Haitaciones Populares, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Sociedad Hipotecaria Federal.

Entre los objetivos del PNV están:

  • Mejorar los esquemas hipotecarios y de financiamiento de ahorro.
  • Promover la creación de una ‘canasta básica’ para la construcción de la vivienda.
  • Desarrollar instrumentos que incentiven programas y proyectos habitacionales distintas a la adquisición, como cooperativas de vivienda, vivienda en renta, alquiler con opción a compra o lotes con servicios.
  • Incentivar procesos más eficientes que maximicen la transparencia para reducir costos y riesgos de la corrupción.
  • Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio.
  • Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos.
  • Trabajar en conjunto con el sector social y privado para fomentar condiciones que sean conducentes al ejercicio al derecho a la vivienda adecuada.