Este nivel resulta superior al promedio recomendado para América Latina, estimado en 3.1% del PIB, lo que posiciona a México con una apuesta más agresiva para detonar crecimiento económico a través de obra pública y proyectos estratégicos.

Contempla el plan una inversión total de 5.6 billones de pesos hacia 2030, combinando recursos públicos con esquemas mixtos que buscan atraer capital privado. Para 2026, el componente adicional fuera del presupuesto asciende a 1.9% del PIB, que se suma al 2.5% ya contemplado en el gasto público.

De acuerdo con Hacienda, el objetivo es que la infraestructura funcione como un “multiplicador del crecimiento”, fortaleciendo sectores clave como energía, logística, agua y transporte, además de mejorar la conectividad y el desarrollo regional.

En este contexto, el financiamiento juega un papel central. La estrategia gubernamental busca detonar una mayor participación de la banca y del sector privado, particularmente bajo esquemas de coinversión, para ampliar el alcance de los proyectos sin comprometer las finanzas públicas.

No obstante, especialistas han señalado que, más allá del volumen de recursos, será clave la calidad de los proyectos. En ese sentido, se ha enfatizado la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad en la evaluación de la infraestructura, con el fin de garantizar viabilidad ambiental, social y financiera en el largo plazo.

Banca en México elevará el crédito al 45% del PIB hacia 2030: Sheinbaum

Implica este enfoque no solo construir más, sino hacerlo bajo estándares que aseguren eficiencia, resiliencia y beneficios duraderos para las regiones, alineando la inversión con tendencias globales en desarrollo sostenible.

Así, el reto para México no solo será alcanzar niveles históricos de inversión en infraestructura, sino asegurar que el financiamiento —público y privado— se traduzca en proyectos bien estructurados que impulsen el crecimiento potencial de la economía.