México presentó durante la última cumbre del clima, COP 27, una actualización del componente de mitigación de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), en la cual se comprometió a reducir de manera no condicionada 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al escenario tendencial y, de contar con un mayor apoyo internacional, dicha meta se incrementará a 40 por ciento.

Y para apoyar con insumos técnicos los compromisos climáticos nacionales, Iniciativa Climática de México (ICM) presentó una propuesta de NDC desde la Sociedad Civil, en la que se detallan las acciones claves para incrementar la propuesta de México. En ella, el sector eléctrico juega un papel fundamental en la descarbonización de la economía, principalmente a través de un impulso acelerado de energías renovables, tanto a gran escala como en generación distribuida.

De acuerdo con la propuesta, la generación distribuida debería tener una capacidad instalada de 13 GW en 2030. Esto significa que si México quiere cumplir con sus compromisos climáticos, debe instalar por lo menos 1.3 GW por año, el equivalente a más de la capacidad instalada del proyecto emblema de Puerto Peñasco, Sonora.

Hoy en día, existen en México 32 millones de hogares, sin embargo, menos de 1% (0.87% o 278 mil 753) cuenta actualmente con techos solares. Una de las barreras para que las familias mexicanas instalen techos solares es el costo de inversión inicial, y a pesar de que éste se ha reducido de manera considerable, en la mayoría de los casos no es atractiva la inversión. Esto se debe a que más del 99% de los hogares tienen una tarifa subsidiada por el Estado.

Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina un monto (subsidio) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cubrir la diferencia entre el costo de la energía y los ingresos por la venta a los hogares subsidiados. Tan solo en 2023 se asignaron 76 mil 624 millones de pesos (mdp) del presupuesto federal para “el subsidio a las tarifas eléctricas”. Esto representa una carga económica para el Estado, y para la población, que podría utilizarse para cubrir otras necesidades sociales.

Por lo que resulta necesario canalizar el subsidio eléctrico a una inversión productiva que beneficie a la CFE, al Estado y a todos los mexicanos. Justamente el Programa Hogares Solares atiende estas inquietudes y además permite democratizar la generación eléctrica y abonar a la soberanía energética.

El programa propone recanalizar el subsidio eléctrico hacia la dotación de sistemas fotovoltaicos (techos solares) en las viviendas residenciales, a través de un mecanismo revolvente que permite maximizar el beneficio social de los recursos públicos, beneficiar a los usuarios finales a través de una reducción en su gasto por concepto de electricidad (de alrededor de 20%).

Se propone, en una primera etapa, instalar 4.5 GW al 2030 en 1.5 millones de hogares; solo en esta etapa, generaría un beneficio neto a la CFE de 169 mil mdp en 2030 y de hasta 800 mil mdp al final de la vida útil de los sistemas (2055), mitigar 26 mil 663 toneladas de dióxido de carbono equivalente y la generación de 111 mil 969 empleos (107 mil 445 en instalación y 4 mil 524 en operación y mantenimiento), por lo menos.

Dado el potencial que tiene para escalar y los beneficios que ofrece, el Programa Hogares Solares podría ser una de las medidas pilares que permita al país avanzar en la transición energética y cumplir con la NDC y con el Acuerdo de París.

Necesario incrementar acciones para enfrentar el cambio climático