República Dominicana sufre escasez de agua a pesar de su enorme potencial hídrico, por lo que se anunció una inversión de 8 mil 850 millones de dólares (mdd) durante 15 años en la mejora de la infraestructura hídrica y la sostenibilidad de los recursos.
De acuerdo con datos del El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el 65 % del agua de lluvia se pierde en el mar; con 36 presas oficiales, solo se almacena el 9% del total. Además, el gasto de agua sobrepasa la capacidad regenerativa de los caudales y fuentes de agua del país.
Así, uno de los grandes retos es mejorar la red de distribución de agua hasta los hogares, y aunque el agua de las plantas de tratamiento es potable, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), los problemas de alcantarillado y almacenamiento la convierten en no apta para consumo humano.
El sector de agua en el país se rige por la ley anterior de 1966 y la Ley de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento llevan más de 20 años esperando aprobación. En 2020, se creó el Gabinete del Agua y a través de él se firmó el Compromiso Nacional del Pacto para el Agua, que incluye la reciente inversión.
Entre las prioridades de este compromiso están la modernización y aprobación definitiva del marco institucional y legal para la gestión del agua, aumentar las inversiones, la construcción y rehabilitación de presas y un mayor fomento de alianzas público-privadas.
Y se instauraría un nuevo programa nacional para mejorar la calidad y eficiencia de estos servicios, como diseñar, construir y financiar 58 nuevos acueductos; ampliar y rehabilitar los existentes; aumentar en 80% el acopio de aguas residuales mediante la construcción y rediseño del alcantarillado; construir 17 presas.
El sector es de los más financiados por organismos de cooperación e instituciones financieras internacionales, con la participación de Canadá, Estados Unidos, Francia y España. Si bien en los servicios de agua potable y saneamiento predomina el control público, existen oportunidades para empresas privadas e internacionales.
La nueva Ley y Reglamento de Alianzas Público-Privadas aprobada en el 2020 y con la intención del nuevo gobierno en el país, de canalizar a través de esta fórmula alguno de los grandes proyectos de infraestructura, propiciará también numerosas oportunidades.
/Con información de iAgua/