No considerar el impacto ambiental de un proyecto de infraestructura en México, así como los daños a la salud de las personas alrededor de estos, son un adelanto de las consecuencias del ‘blindaje’ que el gobierno federal autorizó a los megaproyectos en la materia.

Luis Miguel Cano, vecino afectado e integrante del colectivo ‘Más Seguridad Aérea, Menos Ruido’, recordó que este decreto señala que darán autorizaciones provisionales, en 14 sectores, a proyectos de infraestructura que el gobierno considere estratégicos.

“Sin que se midan los impactos ambientales, que forman parte de cualquier proyecto. Solo estamos cuestionando los impactos ambientales del ruido que causan las aeronaves”, dijo el también abogado respecto al excesivo que se presenta en el área cercana al aeropuerto de la capital del país.

Lo anterior porque el gobierno no atiende la solicitud del colectivo de reconsiderar el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que involucra a los aeropuertos de Toluca, Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, que se ejecuta en este último y causa afectaciones a los vecinos por el ruido excesivo. 

En este sentido, el abogado Mario Victoria reiteró que las autoridades responsables tratan de retrasar el avance de los juicios, llegando incluso a presentar formatos idénticos en sus recursos; mencionó que el colectivo ingresó diez amparos en diferentes juzgados y solo les admitieron tres de forma inmediata. 

“Las autoridades no han presentados documentos y estudios sobre el ahorro de combustible -uno de los objetivos y beneficios del rediseño del espacio planteado por las autoridades-, o de la conveniencia de las rutas de los aviones”, acusó en conferencia de prensa virtual. 

Por lo que los especialistas consideraron que es responsabilidad de las autoridades involucradas en el rediseño, como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mostrar documentos, medir el ruido o descartar efectos a la salud.

Ante este panorama, los representantes de 150 colonias alistan llevar el caso a instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) o la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH), en enero o a más tardar en febrero del 2022.

Minerva López, vecina afectada y representante de la organización civil, mencionó que les preocupa que ocurra una falla en los aviones cargueros que llegan al AICM de diversas partes del mundo, justo sobre sus casas, debido a que vuelan cada vez más bajo, además de las alteraciones del sueño y el estrés.

De enero a marzo, desde que se implementó el rediseño aéreo, el colectivo suma 25 amparos interpuestos, algunos están por resolver quejas, otros están detenidos, en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga, aunque ya la Primera sala declinó participar, entonces, pasarán a la Segunda.