Además, conducirá a la recarbonización del modelo energético de México y a la dependencia de modelos más destructivos del medio ambiente.

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La iniciativa de Reforma eléctrica regresará a México por lo menos 4 décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con costos económico-sociales, además de que el país estaba en vías de solidificar su gestión frente al medio ambiente, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC México).

De aprobarse, esta reforma conducirá a la recarbonización del modelo energético del país y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como sería el fracking para resolver la demanda de petróleo, porque las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años. 

Gabriela Álvarez, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de ICC, dijo que el país podría pagar hasta 20 veces la inversión de privados establecidos en suelo mexicano, a través del pago de impuestos de los ciudadanos, que actualmente es de 44,000 millones de dólares (mdd). 

Un procedimiento de arbitraje por parte de las empresas afectadas, dura alrededor de tres o cuatro años, y si comienzan en el 2022, no tocará a este gobierno lidiar con pagos de eventuales laudos en contra de México, dijo la especialista en videoconferencia. 

El ICC México también señaló que la propuesta del ejecutivo nacional tampoco es una contra reforma a la Reforma de 2013 ni a la de 1992, cuando se abrió la puerta al gas natural y se convirtió en el inicio de las energías limpias en nuestro país. 

La iniciativa significa, “contrario a lo que se piensa, una transformación más amplia de las leyes porque involucra al sector eléctrico, de hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de transición energética que no se limitan al sector de la electricidad”. 

Además, violenta principios de diversos acuerdos, se puede anticipar que las empresas analizarán e intentarán acciones legales domésticas e internacionales en contra de la eventual reforma por la incongruencia que existe con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales. 

“La inanición económica de las empresas y los proyectos mediante la cancelación de los permisos de producción, los contratos de compraventa de energía y de autoabasto celebrados con particulares, así como la cancelación de los Certificados de Energía Limpia (CELs), sí constituirían una expropiación indirecta del sector al poner en riesgo el valor de las inversiones como resultado de actos de gobierno”.

 

México sí debe indemnizar

Luego de que Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que no indemnizarán a las empresas afectadas por la iniciativa de reforma, ICC México aclaró que el gobierno mexicano no toma en cuenta las obligaciones que tiene en materia de cumplimiento de tratos internacionales. 

Mencionó que debido a la a incertidumbre que generó el gobierno federal durante los últimos dos años, los inversionistas privados del sector eléctrico ya están trasladando sus proyectos a Centroamérica y Sudamérica. 

Edmond Grieger, miembro de la Comisión de Energía de ICC México, comentó que entre estos temas están la Ley de la Industria Eléctrica, los acuerdos emitidos por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, ahora, con la iniciativa de Reforma eléctrica.