La brecha de financiamiento para contribuir a mitigar el cambio climático y adaptarse, "es de 1.5 billones de dólares para 2030 en el mundo, y de 126 mil millones de dólares en México”, dijo Gema Sacristán, directora general de Negocios de BID Invest y quien pertenece a la división que atiende al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mencionó en entrevista con el Financiero, que los bancos del sector privado en México deberán tener una mayor participación en el desarrollo de proyectos 'verdes' y 'sostenibles' para cumplir con los compromisos del país en cuanto a combate al cambio climático, dijo que hay una gran oportunidad para poner en marcha medidas ambiciosas que afronten con determinación los objetivos más urgentes del Acuerdo de París, que comienza a regir en 2020, (lema de la COP25). Además señaló que los proyectos en México tradicionalmente están atados al sector público, "en el futuro de los bonos me gustaría ver un mercado más grande, más demanda, más inversionistas, más clases de activos, de gobierno y empresas, proyectos más sofisticados, que financien no solo proyectos de generación de energía, sino también de adaptación, turismo sostenible, por ejemplo”.

Afirmó que los mercados internacionales cada vez piden más instrumentos de inversión sostenible que además de fomentar acciones contra el cambio climático, incorporen “tintes sociales” que tienen mucho potencial en Latinoamérica.

Entre los objetivos de la COP25 se encuentran:

• Alcanzar la neutralidad en carbono: movilizar a una masa crítica de líderes empresariales para implementar y recomendar soluciones que aceleren la descarbonización de la economía.
• Implementar soluciones concretas para la descarbonización del sistema eléctrico: invertir en temas como el almacenamiento de la energía, gestión de la demanda, carga flexible de vehículos eléctricos o interconexiones.
• Desarrollar energías limpias e infraestructuras resilientes: avanzar en modelos sostenibles de gestión y saneamiento del agua, y en soluciones para reducir la huella climática de las grandes urbes.
• Articular modelos de inversión para infraestructuras resilientes en América Latina.