La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, una de las principales apuestas del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para detonar proyectos prioritarios mediante la participación conjunta del sector público, privado y social.
Un nuevo modelo de inversión mixta
La propuesta plantea un cambio estructural en la forma de financiar infraestructura en México. El objetivo es atraer hasta 6 billones de pesos en inversiones entre 2026 y 2030, con la meta de alcanzar un nivel equivalente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el final del sexenio.
Para lograrlo, se propone evolucionar del modelo tradicional de Asociaciones Público-Privadas (APP) hacia un esquema de inversión mixta, en el que el Estado mantiene la rectoría, pero comparte riesgos y financiamiento con el sector privado.
Este ajuste busca compensar la caída de 28.4% en la inversión pública registrada en 2025, considerada la más pronunciada en tres décadas.
Nuevos instrumentos financieros
La legislación contempla la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPEs), figuras jurídicas como fideicomisos o sociedades diseñadas para canalizar inversión hacia proyectos concretos.
De acuerdo con el dictamen, estos vehículos permitirán aislar riesgos, emitir instrumentos bursátiles y atraer ahorro institucional sin que su constitución implique, por sí misma, deuda pública.
Además, se introducen modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para facilitar la ejecución de proyectos bajo este nuevo esquema.
Planeación centralizada y ejecución acelerada
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, defendió la iniciativa al señalar que permitirá orientar el endeudamiento hacia proyectos productivos.
“Se acabó el cortoplacismo, se acabó la ocurrencia de hacer obras por acá y por allá”, afirmó.
También reconoció que los financiamientos contemplados en este esquema no serán considerados formalmente como deuda pública.
Oposición alerta sobre “deuda disfrazada”
A pesar del respaldo de la mayoría oficialista, la iniciativa generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron riesgos de opacidad, discrecionalidad y endeudamiento.aaa
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de iniciar procesos de contratación sin contar aún con suficiencia presupuestaria, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, advirtió que esta disposición podría comprometer las finanzas públicas a futuro.
Dijo que: “Van a definir de forma discrecional los proyectos, qué recurso se va a asignar cuántos años tendrá esa deuda de hasta 40 años, tomar los recursos de las Afores, porque hoy se llenan la boca diciendo que habrá 5.4 billones de pesos. ¿Saben de dónde? De deuda pública y de las Afores”.
Y sentenció: “El gobierno podrá gastar más sin que se note realmente ese gasto, ni cuánto ha gastado ni cómo se está endeudando. Esto en cualquier país, en cualquier negocio, se llama: manipular y maquillar las cuentas”.
Desde el PRI, Emilio Suárez Licona advirtió que la ley podría diluir la trazabilidad del gasto público y las obligaciones financieras del Estado, mientras que Jericó Abramo Masso pidió sin éxito incluir mayores controles y supervisión legislativa sobre los nuevos vehículos financieros.
En la misma línea, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores, cuestionó el reparto de riesgos entre el sector público y privado:
“Se habla de distribuir riesgos entre el sector público y privado, pero la experiencia nos ha enseñado algo muy simple: cuando hay ganancias gana el privado, cuando hay pérdidas paga el Estado y esta ley no cambia esa lógica", resaltó.
Debate por controles y transparencia
La diputada del PAN, Margarita Zavala, cuestionó esta decisión:
"Me parece sospechoso que en este momento ustedes justamente estén quitando los límites a las decisiones cuando se trata de una ley que permite hasta contratar sin presupuesto alguno", indicó.
Apertura a la inversión privada
Pese a las críticas, incluso legisladores de oposición reconocieron que la iniciativa representa un avance en la apertura a la inversión privada en proyectos estratégicos.
El diputado del PT, Alberto Albores, sostuvo que el nuevo marco permitirá acelerar la ejecución de obras prioritarias sin perder el control del Estado.
Por su parte, el morenista Carol Antonio Altamirano explicó que el objetivo es combinar inversión pública, privada y social para impulsar sectores clave como energía, transporte, puertos, ferrocarriles e infraestructura hídrica.
Próximo paso: el Senado
Con su aprobación en San Lázaro, la iniciativa avanza al Senado, donde continuará el debate sobre su alcance, especialmente en lo relacionado con la transparencia, la sostenibilidad fiscal y el uso de recursos de los trabajadores para financiar infraestructura.
Con información de expansion.mx y de elfinanciero.com.mx