El proceso de politización e injerencia presidencial que vive la Suprema Corte de Justicia (SCJN) está a tres fuegos.
Por un lado, la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador que busca una eventual nacionalización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está a punto de poner en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses, reclamó el Gobierno de Estados Unidos.
Por otro lado, ante una validación de los cambios a la CFE que discute la SCJN, podría llevar al banquillo penal y de sanciones económicas a gran escala internacional, ya que México no puede deshacerse de los compromisos pactados en el T-MEC, donde se comprometió a cumplir las normas firmadas años atrás.
Además, el gobierno federal, de la autollamada cuarta transformación (4T), espera que la ponencia que presentó la magistrada Loretta Ortiz (alfil y leal a López Obrador) llevarían a un encontronazo con la Suprema Corte, de no aprobarse la Ley.
En este contexto, la organización México Evalúa dio a conocer un comunicado en el que expresa su preocupación por la votación, que se llevará finalmente en los siguientes días.
México Evalúa pidió “no ceder a la presión política (de López Obrador) y privilegiar la independencia del Máximo Tribunal Constitucional por ustedes integrado”.
Entre las desventajas de aprobarse esta ley, están que los costos de generación eléctrica serán más altos e implicaría mayores tarifas y la necesidad de mayores subsidios.
Además, se violarían derechos adquiridos por inversionistas privados respecto a contratos bajo el concepto de productores independientes de energía y autoabastos, que se crearon en 1992.
Esta mañana, Obrador dijo que los ministros todavía no toman en cuenta que la Reforma de 2013 “fue aprobada con sobornos en el Congreso a través de abogados patronales que están al servicio de las empresas privadas”.
Ante la postergación, el presidente, por enésima vez, insultó ahora a los magistrados:
“¿Son seres de otro mundo? Esa reforma se aprobó con sobornos y hay un juicio en contra del director de Pemex. O mejor dicho, ¿que este señor que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética? ¿Entonces eso no va a contra, a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas”?
Los cambios de Obrador buscarán dar revés retroactivo a contratos, cambia las reglas para los Certificados de Energías Limpias (CEL), favorece la producción en plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento o de energía solar, entre otros.
Los cambios a CFE implicarán serios conflictos legales a nivel internacional. “Al favorecer el nuevo esquema a la CFE por encima de las inversiones extranjeras, podrían surgir inconsistencias con tratados comerciales internacionales, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) o el Acuerdo Transpacífico (CPTPP)”, señala México Evalúa.
/Con información de México Evalúa y López Dóriga/