La veda inmobiliaria impuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido un impacto económico que rebasa los 7 mil millones de pesos.

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La veda inmobiliaria impuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido un impacto económico que rebasa los 7 mil millones de pesos.

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Después de darse a conocer que el gobierno actual de la Ciudad de México tiene contabilizados más de 500 desarrollos inmobiliarios detenidos, ahora, la organización Desarrollador Confiable, dio cuenta de al menos 15 mil 709 familias afectadas por la veda inmobiliaria impuesta por Claudia Sheinbaum; situación que, además, ha generado un impacto económico negativo que rebasa los 7 mil 242 millones de pesos.

A través de un comunicado, la directora general de la organización integrada por activistas y expertos en desarrollo urbano, Gabriela Alarcón, manifestó que las 36 mil 569 unidades de vivienda, puestas a la venta en preventa, resisten a duras penas los embates de su estancamiento operativo.

Alarcón expuso que esos hogares fueron comercializados entre octubre de 2018 y julio pasado: tomando en cuenta un precio promedio de 4.6 millones de pesos (de acuerdo con las consultoras Softec y AI360) y el anticipo por adquisición osciló entre un 10 y 15% del valor total del inmueble. "El impacto económico sobre estas familias pudiera ascender hasta los 7 mil 242 millones de pesos. Esto equivale al presupuesto anual combinado de tres alcaldías: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa", agregó Alarcón.

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Por si fuera poco, además del impacto en su inversión, hay otras afectaciones para quienes compraron en preventa. Y es que el tiempo promedio de entrega, bajo este modelo de negocio, es de 12 meses; sin embargo, el retraso ante clausuras y suspensiones, provocaría que los dueños tarden hasta 12 meses más en obtener su propiedad, eso si el proyecto en el que habían invertido su dinero no queda clausurado de forma definitiva.

"Esto significa que las personas que adquirieron un inmueble en marzo de 2019 es posible que con el retraso de 12 meses, le sea entregado hasta marzo de 2021", detalló la organización, dejando en claro que esto implicaría un mayor gasto para las familias que rentan, principalmente.

Mitigar estos impactos y reactivar el sector inmobiliario del a Ciudad de México requiere que las autoridades capitalinas restauren la confianza en los desarrolladores, pero "sin ceder en los esfuerzos de combate a la corrupción", complementó el comunicado de la organización.

"Es comprensible que los desarrolladores presionen a la autoridad para que vuelva a abrir la llave al desarrollo inmobiliario. Pero es importante no dar marcha atrás en el combate a la corrupción, por lo que 'la llave' de los permisos y licencias sólo debe abrirse a aquellos proyectos que demuestren con claridad su compromiso con la legalidad y la responsabilidad hacia la ciudadanía", finalizó Gabriela Alarcón.