En México, según registros oficiales, hay 182 Áreas Naturales Protegidas o (ANP), de las cuales, 68 incluyen zonas marinas o costeras. A través de estas, México, brinda protección, al menos en documentos, a 73.6 millones de hectáreas, equivalentes a casi 500 veces la superficie de la Ciudad de México o casi 300% la superficie que abarca Chihuahua.
De esta cantidad, 68.4 millones es a mar abierto y 4.1 pertenece a algún tipo de ecosistema costero, como lagunas o esteros. Las islas del país son las más protegidas, pues hasta 92% cuentan con algún esquema de protección.
Sin embargo, dos áreas se encuentran en crisis al reportar un rango crítico y 29 se hallan en un “rango malo” para el eje de Programa de Manejo; además hay 7 en rango regular y solo una en buen rango de conservación. Cabe señalar que ninguna alcanzó un puntaje de rango muy bueno o muy bien.
Si las Áreas Naturales Protegidas Marinas ya enfrentaban problemas como el cambio climático, la acidificación de océanos, contaminación por plásticos, declive de pesquerías, blanqueamiento de corales y el aumento de zonas costeras muertas por contaminación de agroquímicos, el problema se agrava.
“Algunas de las razones que explican el deterioro de manglares y arrecifes coralinos en las Áreas Naturales Protegidas Marinas son cambio ilegal de uso de suelo, sobrepesca, turismo masivo y pesca ilegal, entre otros. Las leyes actuales no son suficientes para garantizar la protección de los hábitats, recuperar la abundancia de los océanos y proteger la riqueza natural de México. Uno de los principales problemas es que los proyectos en los programas de manejo no tienen metas específicas, medibles, alcanzables ni temporalmente definidas”, destacó la organización internacional Oceana.
Cuidado del hábitat oceánico
Ante ello, Oceana aseveró que es necesario fortalecer la manera en que el Estado mexicano regula y controla lo que ocurre en mares y costas y propuso 14 puntos para atender los problemas observados.
Uno de los principales puntos es que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) debe tener la autoridad para regular todas las actividades que tengan efectos acumulables e impacto sobre otros procesos ecológicos en las áreas que administra (por ejemplo, la pesca) y “darle dientes” a esta comisión para defender el medio ambiente marino.
Entre los puntos destacan replantear a la CONANP como órgano descentralizado para darle autonomía en operación, presupuesto y recaudación de fondos; crear un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas similar a otros como el de Transparencia o el de Anticorrupción, que llenaría los huecos del sistema actual.
Aprovechar el potencial de las áreas de no-pesca en las ANP para restaurar pesquerías sobreexplotadas. Ampliar el catálogo de Áreas Naturales Protegidas y sus objetivos, creando figuras específicas para hábitats marinos y acercándolas a sus equivalentes internacionales.
Poner a las ANPs como eje obligatorio para programas gubernamentales, abarcando mínimamente los programas clave de fomento a la agricultura y la pesca. Reformular programas de manejo para que sigan obligatoriamente objetivos basados en información científica sólida y actualizada, y orientados a la conservación, entre otros objetivos.
