Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- El día de hoy, el Presidente Calderón encabezó en el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de los Pinos, el Anuncio de Reformas al Marco Legal y Acciones para Incrementar el Financiamiento en Infraestructura del país, tanto pública como privada. La presidencia de la republica emitió el discurso donde el mandatario da conocer un paquete de medidas orientadas a acelerar aún más la inversión en infraestructura del país. Se trata de medidas de largo aliento, que incluyen una serie de reformas legislativas, que permitirán potenciar la construcción de proyectos de infraestructura en México. La infraestructura, lo sabemos muy bien, es sinónimo de empleo, no sólo en el momento en que se construye, sino también por la competitividad que genera a las economías que la reciben, dijo. Aseguro que la infraestructura es sinónimo de empleo, de progreso y de desarrollo, de crecimiento económico y por eso, a través del Programa Nacional de Infraestructura, hemos incrementado, a pesar de la crisis; hemos incrementando la inversión pública y privada en infraestructura en el país, de un promedio menor al 3% del Producto Interno Bruto, a una cifra que alcanza el 5% es decir, una cifra histórica. Detallo que este año, a pesar de la drástica caída en la actividad económica, a pesar de que estamos pasando o hemos pasado por unas de las peores crisis que haya vivido la economía mundial y la economía mexicana contemporánea; a pesar de ello, insisto, estimamos alcanzar un nuevo máximo histórico de inversión impulsada en infraestructura de más de 570 mil millones de pesos. Estos recursos se están traduciendo en carreteras, en puentes, en puertos, en aeropuertos, en centrales generadoras de energía, en presas, en líneas de transporte ferroviario, en muchas otras obras que buscan llevar bienestar, empleo y progreso a muchas comunidades del país. No obstante estos avances, amigas y amigos, y lo sabemos muy bien, la situación económica que hoy vive México nos obliga a ir más a fondo y mucho más rápido; nos obliga a hacer mucho más. Hoy, con las acciones que anunciamos, buscamos ese propósito: emprender acciones que nos permitan avanzar a un ritmo más acelerado de construcción de infraestructura que México necesita, no sólo para salir de la crisis, sino para elevar de fondo y de manera permanente su competitividad y poder así avanzar mucho más rápido hacia el desarrollo. Con ese fin, hoy anunciamos un paquete de iniciativas y de acciones que, como se ha dicho ya, buscan multiplicar la inversión en infraestructura en nuestro país. En qué consisten esas medidas. En primer lugar. Presentaremos al Poder Legislativo una Iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas. Esta ley permitirá incrementar la inversión privada en infraestructura, al brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas. En esencia, la clave de esta ley estriba en dar un marco legal, acorde y uniforme a toda la infraestructura que requiere el país, pero que se centre, precisamente, en la claridad de la determinación de los derechos y deberes de quienes invierten en infraestructura. Sobre todo, además, un factor clave en la infraestructura, que es la certeza jurídica, no sólo en el momento del contrato, sino durante toda la vigencia del mismo, incluyendo, por supuesto, la prórroga o la extensión de los plazos de concesión que propondremos al Congreso de la Unión. Busca también esta iniciativa reducir, se estima, los costos hasta en un 15% y sobre todo, como se ha dicho aquí, disminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30%, eliminando los cuellos de botella, que ustedes conocen perfectamente y que han sido detectados en el impulso que ha dado el Programa Nacional de Infraestructura. Es decir, una de las ventajas que hemos tenido a la hora de implementar, o uno de los obstáculos que hemos tenido a la hora de implementar el Programa Nacional de Infraestructura es, precisamente, los cuellos de botella que impiden la toma de decisiones ágil, orientada hacia la eficacia, por parte, tanto de los administradores públicos, como de los inversionistas. Hoy, lo que buscamos, precisamente, es aprovechar ese conocimiento, esa experiencia que nos ha dado la aplicación del Programa Nacional de Infraestructura, para eliminar definitivamente, a través de una legislación eficaz, los cuellos de botella que impiden su agilización. Para dar una dimensión de las ventajas que esperamos de esta iniciativa, baste señalar que más de la mitad, estimamos, como un ejemplo, más de la mitad de los proyectos de comunicaciones y transportes, que están previstos en el Programa de Infraestructura, podrían realizarse bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Y lo que se requiere es, precisamente, un marco normativo que le dé agilidad y certeza jurídica. Estimamos que estos proyectos por detonar en el corto plazo, por iniciarlos, representarían recursos por más de cien mil millones de pesos. De esta manera buscamos, amigas y amigos, colocar a México a la altura de las mejores prácticas internacionales para atraer y multiplicar las inversiones que requiere el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, como los necesita el país y como pueden desarrollarse en el país, con una gran ventaja económica para los ciudadanos y para los inversionistas. En Segundo lugar. Vinculado, también con este tema. Propondremos al Congreso de la Unión la modificación de por lo menos seis ordenamientos legales relacionados con la construcción de infraestructura. Se trata de mejoras de fondo a la regulación que nos van a permitir acelerar los proyectos que ya están en curso, así como detonar las nuevas inversiones. Calculamos que podrían iniciarse en los próximos 15 meses, es decir, antes del término del año 2010, nuevos proyectos por 61 mil millones de pesos. Esto puede permitirnos multiplicar más de tres veces la inversión pública, por ejemplo, para nuevas carreteras prevista, precisamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2010, acotado, por supuesto, por el entorno económico, pero estimamos que con un nuevo marco regulatorio podremos, sobradamente, alcanzar ese propósito de detonar los proyectos de infraestructura previstos ambiciosamente en el Plan Nacional. En tercer lugar, hoy queda de manifiesto la efectividad del Paquete Integral de Financiamiento que ha sido puesto en práctica por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS y, en particular, por el Fondo de Infraestructura, porque permite asegurar la disponibilidad de financiamiento en las licitaciones de los proyectos prioritarios del país. Una prueba, por ejemplo, lo fue en su arranque del Programa Nacional, la licitación del Primer Paquete Carretero en gran escala, el FARAC 1, y ahora, incluso, en este año de adversidad, la licitación del Paquete Carrero FARAC 2, del Pacífico Norte, cuyas propuestas, muy competitivas ellas, se recibieron el martes pasado, y cuyo resultado se dará próximamente a conocer por mi Administración, acotó. Para que haya más proyectos exitosos, estamos planteando la creación de fondos de capital especializados en infraestructura. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Infraestructura estima invertir en uno de estos fondos recursos por 15 mil millones de pesos, a fin de detonar inversiones por el triple, es decir, 45 o 50 mil millones de pesos. Lo que buscamos con este paquete, es mecanismos financieros, mecanismos innovadores que nos permitan ir más allá de los recursos presupuestales, que nos permitan, verdaderamente, utilizar los mecanismos económicos disponibles ya en México, crear los que hagan falta, para acercar una inversión ávida de proyectos eficientes, como los que se pueden desarrollar en México, con las necesidades de construcción de los desarrolladores de infraestructura del país. Impulsado, en este paquete, mecanismos que nos permitan colocar en el público inversionista los proyectos de infraestructura más competitivos del país. Finalmente, vinculado con ello, en cuarto lugar. se abrirá la posibilidad de que las Administradoras del Fondo para el Retiro, las AFORES, puedan invertir, precisamente, en instrumentos estructurados, es decir, en acciones de empresas que lleven a cabo ofertas públicas iniciales. Esto qué significa. Significa que como ocurre, además, en la mayoría de las economías avanzadas, los Fondos de Retiro, las AFORES, van a poder invertir en instrumentos colocados por empresas del sector de infraestructura en la Bolsa Mexicana de Valores. Las empresas, se busca que obtengan de esta manera, a través de mecanismos de mercado, los recursos que necesitan para desarrollar sus proyectos, mientras las AFORES van a obtener a cambio rendimientos mucho más atractivos en beneficio de los trabajadores. Si hay alguna ecuación que hay que cuadrar en el país es, precisamente, activos de largo plazo, como son los proyectos de infraestructura que en nuestro país, una economía en desarrollo con un enorme potencial, pueden ser altamente productivos, con pasivos de largo plazo que son, precisamente, los fondos de retiro de los trabajadores. No hay, incluso, comparación en lo que está pagando el sistema financiero, por ejemplo, en instrumentos de renta fija, los propios instrumentos públicos, tasas muy bajas que, precisamente, propician el desarrollo del país, pero que finalmente, a la hora de verse registradas en el retiro de un trabajador, pueden ser, ciertamente, conservadoras; se trata de inversiones que por su naturaleza son conservadoras, con la posibilidad de obtener, a través de proyectos de infraestructura de largo plazo, tasas de rendimiento mucho más altas y también tasas de rendimiento seguras, porque están, precisamente, garantizadas con los flujos de ingreso derivados de los propios proyectos de infraestructura. Se trata de esquemas, en los que todo mundo podrá ganar; ganarán los trabajadores al tener Fondos de Retiro mucho más sólidos, y ganarán también las inversiones colocadas en infraestructura al tener un mecanismo ágil y sólido también de financiamiento. Ganará finalmente el país, ganará en competitividad, ganará en empleo; ganará, precisamente, en la competitividad de la economía. Cabe destacar, que se va a brindar la mayor seguridad a los recursos de los trabajadores invertidos en estos instrumentos, pues los proyectos que serán financiados deberán cumplir, entre una serie de medidas rigurosas, con prácticas de gobierno corporativo y estándares de transparencia que permitan un acceso absoluto a la información de los proyectos, de su manejo operativo y de su manejo financiero. Esto permitirá disponer, estimamos, de financiamiento hasta por 80 mil millones de pesos en el próximo año, a lo que se van a sumar, insisto, 45 mil millones de pesos en total, estimamos en los próximos tres años; para alcanzar montos muy amplios, del orden de los 125 mil millones de pesos hacia el año 2012. En suma. Las medidas que hoy anuncia el Gobierno Federal y que se estan proponiendo al Congreso de la Unión para su análisis y determinación final, en caso de ser aprobadas por éste, permitirán que el Estado no sólo continúe, a pesar de la gravedad de las circunstancias económicas y de finanzas públicas, sino que profundice su papel promotor y activo del desarrollo. Alentando con instrumentos financieros novedosos y con marcos legales que propician certidumbre la inversión privada y pública combinada en la infraestructura del país. Así impulsaremos la construcción de más y mejor infraestructura. Esto se traducirá, como he dicho, en progreso, en empleos y en bienestar para los mexicanos. "Sé que falta mucho por hacer. Sé también que para detonar inversión específica en varios sectores altamente competitivos del país se requerirán otros cambios, sea en el marco administrativo, sea al marco legal del país", manifestó. Esos cambios están contemplados en la Agenda que propuse el 2 de septiembre pasado. Esos cambios se irán presentando a la consideración de los mexicanos y del Congreso de la Unión, con la absoluta convicción de que son indispensables para que México haga no una transformación gradual, sino una transformación de fondo en el ritmo de crecimiento económico con justicia que necesita el país. La crisis financiera y económica mundial ha vuelto a poner sobre la mesa el papel crucial del Estado como promotor y como regulador. esta propuesta que hoy se anuncia reafirma al Estado mexicano como un Estado activo, un Estado promotor que busca que las cosas sucedan, que busca que las cosas se den, y que no se limita a reaccionar o administrar los acontecimientos. Buscamos un Estado responsable fiscalmente, que pueda garantizar la viabilidad del país y, en consecuencia, de su desarrollo para las próximas generaciones, pero a la vez es un Estado moderno y activo que no puede ni va a renunciar a su tarea reguladora, pero una regulación que debe ser para promover y no asfixiar las capacidades productivas de la Nación. Una regulación que estimula y no que ahogue. Regular para incentivar las inversiones de la sociedad y no para inhibirlas o reprimirlas. La propuesta cumple cabalmente con estas condiciones. México necesita hoy enfrentar desafíos muy importantes, desafíos verdaderamente históricos. Los hemos enfrentado ya, por cierto, a pesar de su enorme dificultad, en los meses pasados, y gracias al empeño y al esfuerzo de los mexicanos, con todo y su gravedad estamos saliendo adelante. El desafío mayor que tenemos enfrente, insisto, es el combate a la pobreza en la que viven millones de familias mexicanas y, particularmente, la pobreza extrema en la que vive casi uno de cada cinco mexicanos. La construcción de infraestructura, al igual que la promoción de las capacidades, a través de la educación, la salud y un ingreso mínimo para alimentarse que es, precisamente, lo que busca la esencia de los programas medulares de combate a la pobreza del Gobierno, son a la par, que el desarrollo económico y el crecimiento, el desarrollo de infraestructura, herramientas formidables para el abatimiento de la pobreza nacional y la creación de las oportunidades que se necesita. De aprobarse estos proyectos, se seguira avanzando en la construcción de la infraestructura que demanda el progreso de nuestra Nación: de las carreteras que hacen falta, de los centros de generación eléctrica que hacen falta, de la estructura energética que necesita el país. Avanzar en la infraestructura de servicios públicos que millones de mexicanos demandan adicionalmente cada año. La convocatoria queda abierta a los inversionistas, a los gobiernos estatales, a los municipales, a todos los mexicanos, para fortalecer la infraestructura del país. La crisis económica internacional, más que cancelar nuestras posibilidades de desarrollo debe ser, y así lo ha sido para el Gobierno Federal, un acicate para transformar y cambiar, un acicate, un estímulo poderoso para trabajar unidos, para seguir transformando a nuestra gran Nación. Para poner a México y a los mexicanos en una mejor plataforma de despegue para su desarrollo al inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente. Enhorabuena por todos, por este cambio fundamental en infraestructura, culminó el mandatario en su discurso.