En entrevista conjunta posterior a su participción en el Foro Estrategia Banorte 2018, en el Hotel Hyatt de la CDMX, destacó que una vez que se conozcan esas opiniones se determinará si continúa el proyecto en la zona del lago de Texcoco o si construyen dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, la cual se interconectaría con el actual aeropuerto internacional Benito Juárez.

Precisó además que se adelantó para el 8 de septiembre la realización de diversas mesas de debate para tener una decisión al respecto antes del 1 de diciembre, fecha en que toma posesión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Durante su ponencia previa, Jiménez Espriú destacó que se contempla una agencia independiente del gobierno para evaluar la viabilidad de diversas obras que están pendientes y las que se realizarían dentro de la siguiente administración.

Ante el anuncio sobre esta consulta pública, la agencia calificadora Moody’s Investors Service, destacó que la consulta podría afectar el curso de la obra.

Analistas de la agencia advirtieron que el anuncio es negativo para el fideicomiso del NAIM, cuyo vehículo de inversión ha emitido 6,000 millones de dólares en bonos en relación con la construcción de la nueva sede aeroportuaria.

“Un retraso o la cancelación del aeropuerto deteriorarían la solvencia del fideicomiso. Los 6,000 millones de dólares en bonos están respaldados por los cargos de pasajeros o la tarifa de uso del aeropuerto del actual y del nuevo aeropuerto al inicio de las operaciones. El posible referéndum extendería la incertidumbre en torno a la construcción, lo que limitaría o retrasaría los ingresos adicionales proyectados por el aumento del tráfico de pasajeros una vez que se inaugure el nuevo aeropuerto”, señalaron.

Moody's aseguró además que de llegar a la cancelación, el hecho sería negativo para el entorno operativo y el turismo, porque crearía incertidumbre en torno a las políticas y podría frustrar futuros planes de inversión del sector privado para otros proyectos. “Si el proyecto se cancela, afectaría la inversión y el empleo y constituiría una oportunidad perdida para mejorar la competitividad en México”.

Como se recordará, según diversas encuestas del Foro Económico Mundial, México ocupó el lugar 62 en 2018 en el ranking de infraestructura a nivel mundial, mientras que la calidad de su infraestructura de transporte aéreo ocupa el lugar 67. Otra factor que estaría en riesgo es el empleo, ya que la obra se espera genere 160,000 empleos.

Con información de Proceso, El Universal y El Financiero.