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El Urban Land Institute (ULI) y Langan International realizaron en días pasados el evento “7S/19S Sismos y Estructuras Resilientes, lecciones aprendidas, conciencia y prevención”, donde diversos especialistas nacionales y extranjeros analizaron los efectos de los terremotos del pasado mes de septiembre sobre el mercado de bienes raíces.

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Durante el foro, en el que participaron diversos especialistas en temas de arquitectura, ingeniería geotécnica, ingeniería estructural, construcción, aspectos legales y de seguros se destacó que se deben revisar los códigos de construcción que permitan mayor seguridad en las construcciones.

Citaron que un estudio realizado después del 19S en la CDMX, reveló que en 44 edificios que colapsaron, en 80% tenían malas estructuras, además que 90% fueron construidos antes de 1985.

Ante ello, los expertos recomendaron que para el futuro de México, un país con alto riesgo sísmico, se debe poner énfasis en las áreas de emergencia ya que la mayoría de los cuerpos fueron rescatados en escaleras y salidas de emergencia, las cuales están diseñadas para evacuar en caso de fuego y no un terremoto.

“Se debe añadir a los códigos de construcción un apartado sobre las áreas de resguardo en los inmuebles ante los siniestros como sismos, ya que la mayor parte de cuerpos rescatados siempre son en escaleras, mientras que la gente que logra sobrevivir de los escombros, se localiza en otras partes de los inmuebles”, afirmó Héctor Herrera Ordóñez, socio de Haynes & Boone.

Propusieron además una mayor obligación de arquitectos e ingenieros para un trabajo en conjunto, construir a través de un compromiso y actuar responsable, ya que muchas de las veces los Directores Responsables de Obras (DRO) no se presentan o no dan seguimiento a la construcción.

De acuerdo a cifras oficiales, los sismos colapsaron 44 propiedades y hay más de 1,800 propiedades seriamente dañadas, en su mayoría residenciales.

En el sector corporativo, comercio, usos mixtos e industrial existen 35 inmuebles que enfrentan riesgos de colapso y u otros daños importantes, seis de ellos registraron derrumbes, principalmente oficinas de clase B o C.

“México nuevamente se unió ante estos hechos y nos recordaron que es un país con alto riesgo sísmico por lo que la única forma de amortiguar el impacto de estos eventos catastróficos y súbitos es a través de la conciencia y la prevención”, subrayó Blanca Rodríguez, Presidenta de ULI México.

Por su parte, Juan Pablo Vázquez, director de Gómez Vázquez International, expuso que se deben construir edificaciones sanas; que los proyectos arquitectónicos sean sustentables económica, ecológica y socialmente y propuso crear una certificación “Safety” -similar a la LEED- que garantice la seguridad de los usuarios.

En cuanto a los temas de regulación ante eventos sísmicos en el sistema jurídico de la Ciudad de México, se advirtió que la gente se quedó con la sensación de que hay impunidad y que muchos de los problemas ocasionados por el terremoto no se han resuelto, por lo que debería analizarse más el tema de sanciones a desarrolladores y propietarios de inmuebles.

Finalmente, resaltaron que por los eventos, se registró una mayor demanda de inmuebles en zonas como Polanco e Interlomas, y muchas empresas ubicadas en edificios de clase B migraron y buscaron edificios de clase A, que son más altos, pero con mayor seguridad para los usuarios.