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Las Asociaciones Público Privadas (APP) permiten al Estado obtener el beneficio de un proyecto de infraestructura a costo competitivo pagándolo a lo largo del tiempo y transfiriendo ciertos riesgos que el sector privado asume por estas está mejor posicionado; frente a los recortes presupuestales este esquema se convierte en una alternativa para reducir la brecha en infraestructura en México, ya que habrá más necesidad de escuelas, hospitales y carreteras.

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“Este año el Gobierno Federal licitará 18 nuevos proyectos de infraestructura a través del modelo de Asociación Público Privada, con los que espera construir activos carreteros, hospitalarios y carcelarios en beneficio de la sociedad. Es un anuncio positivo para el país. Sin embargo, es un modelo que apenas empieza a ser aplicado en México y para el que todavía hay mucho que hacer en materia regulatoria”, destacó en comunicado Pablo Palma Schibler, vicepresidente para México de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

El especialista afirmó que el modelo de APP fue concebido en el Reino Unido en 1992, como Private Finance Initiative (PFI), y se expandió a países como Australia, Canadá y Chile, que son los países en donde este esquema está más desarrollado y reglamentado. Dentro de las grandes obras internacionales que se han construido con este modelo, se encuentran la autopista 407 ETR en Canadá y la planta desalinizadora Victorian en Australia.

Destacó que en Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) han desarrollado proyectos de infraestructura por este esquema desde 20 años y que a septiembre de 2016 la firma administra 104,100 millones de dólares en activos, contando con inversiones en más de 110 proyectos de infraestructura que proveen servicios esenciales a más de 100 millones de personas cada día en todo el mundo.

En México existen actualmente más de 20 APP en funcionamiento, tanto a nivel federal como estatal, de las cuales dos son administradas por Macquarie: la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y un conjunto de 10 carreteras rurales en el estado de Durango. El modelo llegó a principios de este siglo, siendo la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío los primeros proyectos en licitarse bajo este modelo.