En septiembre de 2015, Mancera presentó una iniciativa para reformar los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, referentes a la posibilidad de solicitar cambios en el uso de suelo pero los partidos PAN y Morena rechazan los cambios e incluso plantean derogarlas.

El PAN apunta que se deben acabar los actos de corrupción que sistemáticamente violan las leyes y los reglamentos de construcción para edificar "obras faraónicas", y que se debe tomar conciencia de que hay innumerables problemas ligados a la falta de agua en cantidad y calidad suficiente, vías de comunicación adecuadas, y transporte público eficiente, entre otras.

Los programas como la transferencia de potencialidades, o los polígonos de actuación se han visto mermados por la violenta ruptura de los protocolos existentes, convirtiéndose en medios legales que violentan los principios para el que fue creado el programa general y los parciales. Ello, señala el PAN, ha causado un daño irreparable a la ciudad y sus habitantes.

Por su parte, Morena sentencia que se tienen documentados al menos 300 casos de obras irregulares que violan la ley y la normatividad de la construcción por lo que es necesario detener las irregularidades que sólo benefician a quienes lucran con la necesidad de vivienda de los capitalinos.

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