También es una verdad incontrovertible que la mayor parte del desarrollo económico tiene lugar en las ciudades.

El sector servicios que abarca al comercio, finanzas, salud, educación, cultura y entretenimiento se desarrolla dentro de las ciudades. También la mayor parte del sector industrial.

México es un país urbano donde el 80% de su población vive y trabaja en ciudades.

Las tres grandes metrópolis: CDMX, Monterrey y Guadalajara junto con las 30 ciudades de medio millón de habitantes y más albergan al 70% de la economía nacional.

Si partimos de la premisa de que las ciudades son lugares de intercambio de personas, bienes, servicios, información y conocimiento es necesaria una política urbana que propicie estas interacciones. En el fondo se trata de quitar, no de aumentar, la fricción a estos intercambios.

Las ciudades mexicanas no van bien. Crecen desordenadamente y, con alguna que otra excepción, sus administraciones están rebasadas tanto en su gobernanza como en su orden urbano y en el funcionamiento cotidiano.

La infraestructura deficiente, la inseguridad, una mala operación urbana, el abandono de los centros urbanos y el desgobierno afectan severamente al crecimiento económico.

Así, cortes en el suministro de agua; carreteras, caminos y calles en mal estado; semáforos descoordinados y avenidas llenas de trailers sumados a una congestión vial crónica, reducen la productividad y la calidad de vida en detrimento del crecimiento económico de la ciudad y por ende del país.

Ejemplos: la movilidad tiene un efecto directo en la productividad. Si los trabajadores consumen más tiempo en llegar a sus fuentes de trabajo y por lo mismo gastan más dinero y se estresan más, su productividad será necesariamente menor.

Si el abasto de mercancías, de combustibles y agua por falta de planeación y el actuar de las mafias, que obligan a usar pipas, es más tardado y caro, se incrementan los costos de producir un bien o un servicio.

Pasado, presente y futuro prometedor

Los constantes cierres y manifestaciones que, al no aplicarse la ley, impiden la circulación aumentan aún más las ineficiencias en el movimiento de personas, bienes y servicios.

A la extorsión, el cobro de piso y los asaltos a vehículos de carga, se suma la percepción de inseguridad de los ciudadanos lo que inhibe nuevas inversiones.

Por otro lado, la creciente burocratización de los procesos de obtención de licencias y permisos de todo tipo tiene dos efectos negativos. Por un lado, la apertura de nuevos negocios o la construcción de edificios se retrasa con lo cual se tienen pérdidas económicas. En segundo lugar y aún más grave la incertidumbre que crean dichas burocracias aleja a los inversionistas de emprender nuevos proyectos.

En el caso de la CDMX la desastrosa decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco ha disminuido su competitividad y su imagen de modernidad en un mundo donde Estambul, Panamá y muchas ciudades chinas destacan por tener nuevos aeropuertos diseñados por los mejores arquitectos del mundo. De hecho, los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey se han beneficiado de esta mala decisión.

Para remediar esta situación se requieren cambios drásticos que será muy difícil instrumentar. Por ejemplo: es imposible que un país cuyas ciudades tienen gobiernos fragmentados por la estructura municipal pueda tener una buena gobernanza urbana.

La planeación urbana, que, aunque tiene un componente idealista y que en México no ha demostrado ser muy eficaz, es el único instrumento que puede mejorar el funcionamiento de las ciudades y por ende su desarrollo económico.

En lugar de contar con grandes directrices (donde crecer, donde no crecer, que lugares preservar) hemos sobrerregulado hasta llegar a un estado en el que cumplir tantas leyes, reglamentos y normas resulta imposible y por lo tanto desalentador. Además, la burocracia es más ineficiente y temerosa que nunca.

La única manera de mejorar la productividad de las ciudades y con ello el crecimiento de la economía es con una receta simple pero difícil de ejecutar: regresar a una reglamentación clara y sencilla, unificando en una sola autoridad las decisiones, de manera relevante la supervisión estricta de la expansión urbana. Además, hay que mejorar drásticamente el mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica, de movilidad y de generación de energía eléctrica.

En síntesis: se necesitan cambios que requieren decisiones fuertes como reducir el número de municipios en muchos estados; reducir en 80% los trámites para abrir nuevas empresas o construir nuevos desarrollos; limpiar la administración de malos funcionarios y hacer planes inteligentes de infraestructura y movilidad urbana.

Si se pudiera quitar la fricción, o parte de ella, a la economía de las ciudades y por ende al 70% de la economía del país se podrían alcanzar los niveles de inversión privada requeridos para aumentar el PIB uno o dos puntos. Ello permitiría mayor creación de empleos, reducción del déficit fiscal y más captación de impuestos para financiar de manera sana el desarrollo de infraestructura y los programas sociales.