Con la Constitución de la Ciudad de México se abrió una nueva oportunidad para que los sectores académicos, culturales, sociales y económicos se involucren en la planeación de la ciudad, con el objetivo de resolver de fondo los problemas que la falta de una visión integral del desarrollo urbano ha causado a la capital del país.

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Con la Constitución de la Ciudad de México se abrió una nueva oportunidad para que los sectores académicos, culturales, sociales y económicos se involucren en la planeación de la ciudad, con el objetivo de resolver de fondo los problemas que la falta de una visión integral del desarrollo urbano ha causado a la capital del país.

La Ley de Planeación debe promover que los desarrollos inmobiliarios se realicen con baja huella ecológica, sean territorialmente eficientes, sustentables, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.

El desarrollo inmobiliario es un motor imprescindible en el avance económico y social; sin embargo, es necesario determinar un modelo de ciudad que satisfaga la creciente necesidad de vivienda, garantice el acceso a servicios públicos, mejore la infraestructura y promueva la protección al medio ambiente.

 

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Es necesario determinar un modelo de ciudad que satisfaga la necesidad de vivienda, garantice el acceso a servicios públicos y promueva la protección al medio ambiente.

 

Por más de dos décadas, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), se ha constituido como un actor fundamental en el desarrollo urbano, económico y social de la Ciudad de México. Y ahora, bajo este nuevo contexto transformador que se vive en el país, ratifica su compromiso con su desarrollo armónico e incluyente; por lo que promueve que la planeación de la ciudad sea abierta, participativa, transparente y con deliberación pública, mediante la máxima transparencia y la consulta ciudadana en la formulación y actualización de los instrumentos de planeación.

En la ADI se considera que un aspecto fundamental de la Ley de Planeación es la participación ciudadana de vecinos, organismos de la sociedad civil y empresarios, la cual se puede dar a través de una consulta que, incluso, pueda tener un carácter vinculante. Para darle el peso que merece, esta participación se debe conjugar con la responsabilidad final de las autoridades, buscando la eficiencia y eficacia de la ley y sus instrumentos, de manera que una vez realizada la consulta, los programas que deriven de ésta den total certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía.

 

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Foto: gobierno de la cdmx / Grupo CARSO