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Expertos del Washington Global Financial Integrity (GFI) estimaron que desde 2016, al menos 2,300 millones de dólares de dinero se habría “lavado” a través de transacciones inmobiliarias.

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No solo es en China, ahora en Estados Unidos, la regulación y transparencia de las transacciones inmobiliarias tendrán un nuevo giro legal para evitar que se utilicen para blanquear dinero procedente del narcotráfico, delincuencia, malversación de fondos públicos o sobornos.

Además se buscará una transparencia financiera para identificar, con rostros verdaderos, quién está detrás de las empresas fachada, dijo un alto funcionario de la Administración de Joe Biden a través de una conferencia telefónica.

Estados Unidos es la economía más grande del mundo y se tiene una responsabilidad particular de abordar las deficiencias regulatorias, reveló el funcionario, lo que se traducirá en una mejor identificación de los beneficiarios finales o verdaderos propietarios de los activos financieros colocados en empresas fantasma.

El buen juez…

Desde enero de 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que requiere que las empresas estadunidenses declaren a sus beneficiarios reales al gobierno federal, donde las leyes al respecto son extremadamente flexibles, en lugares como Delaware, cuna del Presidente de Estados Unidos.  

La Casa Blanca quiere regular mejor las transacciones inmobiliarias, especialmente cuando se realizan en efectivo.

“El”, advirtió Por su parte, el Departamento del Tesoro en un comunicado, mencionó que el mercado inmobiliario estadounidense sigue utilizándose como medio para lavar dinero.

En el mismo sentido, desde hace meses, expertos del Washington Global Financial Integrity (GFI) estimó que desde 2016, al menos 2,300 millones de dólares de dinero sucio se habían lavado a través de transacciones inmobiliarias en Norteamérica, “Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el único país del G7 que no requiere que los profesionales de bienes raíces cumplan con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero”,

Con información de La Jornada