"La Constitución de la CDMX, la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Propiedad en Condominio, constituyen un frente de retos legales para las empresas desarrolladoras", dijo Mariano Calderón, socio de la firma de abogados a cargo del área de práctica constitucionalista y fiscal.

El especialista indicó que las buenas intenciones para mejorar el entorno de la vivienda y el desarrollo urbano dejan muchos huecos y "lamentablemente fomentan un marco jurídico de ambigüedad, total discrecionalidad e inseguridad jurídica, que derivará en abusos de las autoridades locales, porque resultan discriminatorias para los desarrolladores inmobiliarios, quienes tendrán menos derechos que cualquier otra persona física o moral, lo cual es inconstitucional".

Calderón pronostica que ante los nuevos marcos jurídicos inmobiliarios, se incrementarán los amparos: “Sin duda los desarrolladores inmobiliarios recurrirán al amparo como medio de defensa de sus garantías constitucionales federales de legalidad, seguridad jurídica, audiencia, proporcionalidad y equidad entre las principales que están siendo afectadas por estas leyes locales de la Ciudad de México".